Adrián de la Garza habría recibido sobornos de Los Zetas e implementado prácticas de tortura sistemática para fabricar culpables.
El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, fue incluido en el listado de Narcopolíticos debido a presuntos vínculos entre el mandatario priísta y organizaciones del crimen organizado, particularmente con Los Zetas y el Cartel del Noreste.
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El reporte reúne documentos militares, cables de inteligencia atribuidos a agencias estadounidenses, informes de derechos humanos y expedientes judiciales que prueban los nexos del edil con el crimen organizado.
La investigación sostiene que De la Garza consolidó una estructura de poder dentro de las instituciones de seguridad y justicia de Nuevo León desde principios de la década de 2000.
Su carrera comenzó en 2003, cuando ingresó a la Procuraduría General de Justicia del estado (Pgjnl) como secretario particular del entonces procurador Luis Carlos Treviño Berchelmann.
Posteriormente ocupó cargos como director de Averiguaciones Previas, titular de la Agencia Estatal de Investigaciones y finalmente procurador estatal entre 2011 y 2015, en pleno auge de la confrontación entre Los Zetas y el Cartel del Golfo.
El reportaje destaca que Adrián de la Garza es hijo de Filiberto de la Garza de la Garza, quien encabezó la procuración de justicia en Nuevo León durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, etapa marcada por desapariciones forzadas y represión política contra opositores del régimen priista.
Adrián de la Garza aparece en “narconómina” de Los Zetas
Uno de los principales elementos citados en la investigación es una libreta decomisada por el Ejército mexicano el 7 de julio de 2009, tras un enfrentamiento con integrantes de Los Zetas.
El documento, conocido posteriormente como la “narconómina”, contenía registros de supuestos pagos realizados por el grupo criminal a funcionarios de seguridad pública en Nuevo León.
De acuerdo con la investigación, entre los nombres señalados aparecían Luis Carlos Treviño Berchelmann; Adrián de la Garza, entonces director de Averiguaciones Previas; y Guadalupe Eduardo Sánchez Quiroz, quien actualmente ocupa la Secretaría de Seguridad municipal en Monterrey.
El expediente sostiene que la investigación sobre la libreta quedó precisamente en manos de los funcionarios señalados en ella, lo que habría impedido cualquier consecuencia judicial.
Años después, los tres personajes continúan vinculados políticamente: Adrián de la Garza gobierna Monterrey, Treviño Berchelmann funge como síndico segundo y Sánchez Quiroz encabeza la seguridad pública municipal.
La publicación también retoma investigaciones de autoridades españolas sobre Juan Manuel Muñoz Luévano, alias El Mono, considerado uno de los principales operadores financieros de Los Zetas en Europa.
Muñoz Luévano fue detenido en España en 2016 acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Según documentos publicados por el diario El País, las autoridades españolas intervinieron llamadas telefónicas que evidenciaban la cercanía del operador criminal con funcionarios mexicanos, entre ellos Adrián de la Garza.
El entonces procurador negó cualquier vínculo y amagó con demandar al periódico español.
EU confirma señalamientos contra De la Garza
El sitio oficial de Narcopolíticos afirmó haber obtenido informes confidenciales de inteligencia de la Embajada de Estados Unidos en México dirigidos al Departamento de Justicia (DOJ), al FBI y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Según el reportaje, agentes estadounidenses confirmaron la autenticidad de dichos cables.
Uno de los documentos, fechado el 4 de marzo de 2011, sostiene que el entonces gobernador Rodrigo Medina de la Cruz nombró a Adrián de la Garza como procurador con el objetivo de “manejar mejor la colaboración con los carteles de droga” que disputaban el control del estado.
El cable afirma que el gobierno estatal había perdido el control de la seguridad y que las corporaciones policiales estaban infiltradas por el crimen organizado.
Según el documento, la función de De la Garza sería sostener la “colaboración perniciosa” con Los Zetas mientras se intentaba contener al Cartel del Golfo.
Otro informe, redactado tras el atentado contra el Casino Royale en agosto de 2011, el cual dejó 52 personas muertas, sostiene que integrantes de la procuraduría estatal brindaban apoyo logístico a Los Zetas, destruían pruebas y facilitaban la liberación de sicarios.
El documento incluso señala que agentes ministeriales se habrían convertido en operadores directos del grupo criminal.
“No hay ninguna otra forma de comprender la libertad con la que actúan estos cárteles de las drogas en este estado del norte, más que si tienen el apoyo y la complicidad de las fuerzas policiales”, refiere el cable citado en la investigación.
Gestión de Adrián fabricaba culpables
Según recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, agentes ministeriales habrían implementado prácticas sistemáticas de tortura para fabricar culpables en el contexto de la guerra entre Los Zetas y el Cartel del Golfo.
Las víctimas denunciaron golpes, asfixia húmeda y seca, descargas eléctricas, mutilaciones y violencia sexual para obligarlas a declararse integrantes de grupos criminales. Las agresiones habrían ocurrido principalmente en instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones.
La investigación destaca el caso de Daniel Abdón Torres, exagente ministerial que denunció haber sido torturado para aceptar supuestos vínculos con Los Zetas.
Posteriormente, un tribunal reconoció su inocencia y ordenó una indemnización superior a dos millones de pesos.
También se menciona el informe presentado en 2014 por Juan E. Méndez, quien documentó múltiples denuncias de tortura en Nuevo León y lamentó que no se le permitiera ingresar a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones para realizar inspecciones.
De la Garza adquirió equipo de espionaje para el crimen
La investigación también relaciona a Adrián de la Garza con la adquisición y venta ilegal de tecnología de espionaje.
Según los cables de inteligencia estadounidenses, el exsecretario de Seguridad federal Genaro García Luna distribuyó equipos israelíes de vigilancia conocidos como Nice Track, capaces de intervenir llamadas telefónicas y monitorear ubicaciones en tiempo real.
Los documentos sostienen que De la Garza habría adquirido ese software y posteriormente lo habría vendido a Los Zetas y al Cartel del Golfo a través de su hermano, Filiberto de la Garza Santos.
Asimismo, el reporte asegura que autoridades estadounidenses detectaron movimientos financieros sospechosos en cuentas bancarias de Filiberto de la Garza en Islas Caimán.
Entre junio de 2019 y enero de 2020, habría recibido depósitos mensuales de 900 mil dólares en el Cayman National Bank, acumulando más de 15 millones de dólares.
Según la investigación, los estados de cuenta fueron etiquetados por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos como evidencia relacionada con lavado de dinero.
Las empresas fantasma y contratos de Adrián
La publicación también aborda la relación entre el municipio de Monterrey y la empresa prestadora de servicios Murata S.A. de C.V., identificada en reportes periodísticos como parte de una red de lavado ligada al Cartel de Sinaloa.
Murata habría sido constituida por familiares de Mario Nino Ferrari Gleason, señalado por la Fiscalía General de la República como operador financiero del grupo criminal.
De acuerdo con la investigación, el municipio de Monterrey contrató a Murata para impartir talleres sobre prevención del delito, equidad de género y accidentes automovilísticos durante administraciones priistas vinculadas a Adrián de la Garza.
El reporte sostiene además que Murata transfirió más de 104 millones de pesos a Vector Casa de Bolsa, firma sancionada por autoridades estadounidenses por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero para el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Golfo.
Señalan a Adrián por represalias y aspiraciones políticas
La investigación también menciona presuntas represalias contra el periódico Vanguardia, medio que publicó en 2021 la “narconómina” de Los Zetas.
Según el reporte, el director del diario, Armando Castilla Galindo, denunció en 2025 la fabricación de un expediente penal en su contra por parte de la Fiscalía de Nuevo León, presuntamente en coordinación con abogados vinculados a la familia De la Garza.
Los cables estadounidenses también advierten sobre las aspiraciones políticas de Adrián de la Garza. Un informe de 2019 asegura que los cárteles buscarían financiar y respaldar su candidatura a la gubernatura de Nuevo León para mantener influencia territorial y política en la entidad.
Adrián de la Garza perdió la elección para gobernador en 2021 frente a Samuel García Sepúlveda, candidato de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, actualmente es considerado uno de los perfiles más fuertes del PRI rumbo a futuras elecciones estatales.
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