Las declaraciones del embajador de EU en Sinaloa encendieron las alarmas por la escalada discursiva contra la soberanía de México.
La reciente visita del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a Sinaloa encendió alertas en la relación bilateral, luego de que el diario Los Angeles Times revelara que la administración de Donald Trump prepara una ofensiva contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado.
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El anuncio ocurre en un momento clave, previo a la renegociación del T-MEC, lo que añade presión política y económica sobre el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
EU lanzaría campaña anticorrupción vs funcionarios
De acuerdo con el reporte del medio estadounidense, la estrategia impulsada desde Washington incluiría desde la cancelación de visas hasta la presentación de cargos en tribunales federales de Estados Unidos contra políticos mexicanos. El discurso de Johnson en Los Mochis, durante la colocación de la primera piedra de una planta de metanol, fue interpretado como el arranque de esta campaña.
El diplomático afirmó que la corrupción en México “distorsiona el progreso” y representa un obstáculo estructural para la inversión extranjera, en línea con los compromisos anticorrupción del T-MEC.
Sin embargo, su posicionamiento fue más allá del ámbito económico, al advertir que Estados Unidos actuaría directamente contra funcionarios mexicanos, señalando incluso a integrantes del partido gobernante.
Esta postura ha sido leída como una escalada en la injerencia estadounidense en asuntos internos de México, particularmente al pretender judicializar casos en cortes extranjeras.
La narrativa anticorrupción, si bien legítima en el discurso, se inserta en un contexto geopolítico donde Washington busca reforzar su influencia regional bajo el argumento de seguridad.
El reporte también menciona la posible utilización de testimonios de operadores del Cártel de Sinaloa detenidos en Estados Unidos como base para futuras acusaciones, lo que refuerza la dimensión extraterritorial de la estrategia.
Trump va contra narcopolíticos mexicanos
La ofensiva atribuida a la administración Trump no puede desligarse de antecedentes recientes que han tensado la relación bilateral. Uno de ellos es el caso de agentes de la CIA que participaron en un operativo en Chihuahua sin autorización formal del gobierno mexicano, lo que evidenció prácticas de intervención encubierta.
Según el gabinete de seguridad, ninguno de los agentes contaba con acreditación para realizar actividades operativas en territorio nacional, lo que constituye una violación a la legislación mexicana y a los principios de soberanía.
Este episodio refuerza la percepción de que Estados Unidos mantiene una política de doble discurso: por un lado, exige cooperación institucional; por otro, ejecuta acciones unilaterales.
En este contexto, el anuncio de posibles acusaciones contra políticos mexicanos adquiere una dimensión más amplia, al insertarse en una lógica de presión política y control regional. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones señalando que el combate a la corrupción ya es una prioridad en México, y cuestionó que Estados Unidos no aplique el mismo estándar dentro de su propio sistema.
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