Gracias a la jueza, Javier Duarte ganó una batalla legal importante al anularse los testimonios sobre el delito de desaparición forzada.
Una jueza federal invalidó declaraciones en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
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Javier Duarte cuenta con varios procesos abiertos, incluyendo la vinculación a proceso por peculado que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo en febrero de este año.
Este cargo frenó su posible libertad, la cual estaba prevista para abril de 2026 tras cumplir su sentencia de 9 años por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Duarte de Ochoa sostiene que se trata de una “consigna política” para evitar que abandone el Reclusorio Norte, argumentando que los recursos en cuestión eran estatales y no federales.
Jueza declara ilegales testimonios contra Duarte
En un nuevo capítulo del proceso en contra del exgobernador Javier Duarte, Flor de María Meléndez Sánchez, jueza primero de distrito de procesos penales federales en Veracruz, determinó que los testimonios clave que servían como base para la acusación de desaparición forzada eran ilegales o inválidos.
La jueza invalidó los testimonios de Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, quien era el único testigo que vinculaba directamente a Duarte con la instrucción de ocultar el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas, y el del extesorero Antonio Tarek Abdalá por considerarlos ilegales y obtenidos fuera del debido proceso.
Bermúdez Zurita denunció formalmente que su testimonio original, donde señalaba a Duarte de ordenar el ocultamiento de cuerpos en la barranca de “La Aurora”, fue obtenido bajo tortura física y psicológica durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
El exsecretario afirmó que fue amenazado y presionado en el penal de Pacho Viejo para incriminar a Duarte a cambio de beneficios procesales.
Además, se reveló que existió una negociación entre la Fiscalía de Veracruz, entonces encabezada por Jorge Winckler, y Bermúdez Zurita. El trato consistía en que Bermúdez declarara contra Duarte a cambio de que su propio delito de desaparición forzada fuera reclasificado o se le permitiera seguir su proceso en libertad.
Los jueces consideraron que este “pacto” le restaba objetividad y fiabilidad al testimonio, convirtiéndolo en un elemento de conveniencia política más que en una prueba jurídica fehaciente.
Con la decisión de la jueza, el delito de desaparición forzada en contra de Javier Duarte “desapareció”, quedando sin efecto.
Ahora, el juez de control deberá realizar una nueva audiencia para valorar si las pruebas restantes son suficientes para sostener la acusación, sin considerar los testimonios invalidados.
Colectivos de búsqueda intentan presionar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz y denunciaron que la falta de solidez en las carpetas de investigación permitió la absolución de Duarte en el tema de desapariciones.
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