Uno de los escándalos más fuertes y dolorosos que marcó al gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán fue la masacre de Arantepacua.
Era 5 de abril de 2017 cuando una comunidad de la meseta purépecha de Michoacán fue escenario de la masacre de Arantepacua a manos de policías estatales. La mayor tragedia del gobierno de Silvano Aureoles, que a pesar del tiempo siguen existiendo muchas dudas sin resolver.
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En ese entonces, los pobladores se encontraban en medio de una fuerte disputa por 512 hectáreas de bosque con la comunidad de Capácuaro, los campesinos defendían sus tierras del arrasador monocultivo de aguacate.
Aquella ocasión, los convoyes de Policías Estatales no paraban de entrar. El pueblo de Arantepacua se unió para hacer vallas humanas. Sin embargo, la represión es extrema, los uniformados dispararon sin piedad en contra de la población.
Una mesa de diálogo que derivó en una tragedia
El 4 de abril de 2017, un día antes de la masacre, un grupo de 38 personas se trasladó en un autobús de la comunidad purépecha de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, en Morelia, para tener una reunión con las autoridades de Michoacán.
La reunión con el entonces secretario de Gobierno, Adrián López Solís, tenía como propósito resolver un conflicto agrario que se había extendido por décadas entre habitantes de Arantepacua y pobladores de la vecina localidad de Capácuaro.
No obstante, cuando la comitiva se dirigía de regreso a Arantepacua, un grupo de policías estatales detuvo el vehículo, golpeó a sus ocupantes y los trasladó a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán.
Sin motivo aparente, los 38 comuneros fueron agredidos y acusados de robar el autobús y de secuestrar al chofer, según hallazgos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El hecho enardeció a la población de Arantepacua. Al día siguiente, enviaron a un segundo grupo para exigir la liberación de sus representantes y bloqueó la Carretera Federal 14D para protestar contra la actuación policial.
Lo que nadie se imaginó fue que los elementos de seguridad responderían con duras represalias, lo que provocó que el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, estuviera en la mira por varios años.
Así fue la masacre de Arantepacua durante el gobierno de Aureoles
El problema escaló cuando comuneros de Arantepacua protestaron por la detención de varios de sus representantes, quienes habían acudido a dialogar con funcionarios del gobierno estatal sobre disputas agrarias y el reconocimiento de sus derechos como comunidad indígena.
Ante la falta de respuestas favorables, los pobladores bloquearon carreteras y realizaron acciones de presión para exigir la liberación de sus compañeros. La respuesta del gobierno fue el envío de fuerzas de seguridad, incluyendo policías estatales, quienes ingresaron a la comunidad con un operativo que rápidamente escaló en violencia.
Según diversos testimonios de habitantes, los elementos de seguridad utilizaron armas de fuego, lo que derivó en un enfrentamiento directo con la población civil.
Ese 5 de abril de 2017, hubo 4 ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura, 38 de tratos crueles e inhumanos, 48 detenciones arbitrarias y más de mil víctimas directas del ataque por el estado de sitio y el terror que provocaron.
Silvano Aureoles y su relación con el crimen en Arantepacua
En abril de 2026, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña reveló que la dependencia a su cargo solicitaría a la Interpol que emitiera una ficha roja contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo por la masacre de Arantepacua.
Aquella ocasión, detalló que ya se habían tramitado órdenes de aprehensión por los hechos ocurridos en Arantepacua donde se registró el asesinato extrajudicial de comuneros, abuso policial y tortura.
El Fiscal subrayó que se trata de una carpeta de investigación por violaciones graves a derechos humanos.
“Se han tramitado otras órdenes de aprehensión por hechos que se suscitaron en 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, donde hubo un asesinato extrajudicial de cinco comuneros, abuso policial y tortura. En esta carpeta de investigación se otorgaron a la Fiscalía de Michoacán 16 órdenes de aprehensión, entre ellas la del exgobernador”, afirmó.
Asimismo, agregó que el procedimiento se realizará en coordinación con autoridades de seguridad.
“Por parte de la Fiscalía del estado, con el proceso de estas nuevas órdenes de aprehensión, lo vamos a tramitar en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública para la localización”.
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