Emma Zermeño advirtió que la resolución del Tribunal Electoral de Sinaloa podría afectar a millones de usuarios de WhatsApp.
La activista sinaloense Emma Zermeño López afirmó que la sanción impuesta en su contra por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa vulnera derechos constitucionales, al basarse en conversaciones privadas de WhatsApp que fueron filtradas sin su consentimiento.
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Así lo expresó durante una entrevista con la periodista Michelle Rivera para el noticiario Fórmula Noticias, donde explicó el proceso legal que enfrenta y el avance del caso en instancias federales.
Zermeño señaló que el procedimiento se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada local con licencia Almendra Negrete Sánchez, quien acusó a la activista de violencia política de género.
Como parte de las pruebas, la legisladora aportó capturas de pantalla de una conversación privada que Zermeño sostuvo con un tercero entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.
El tribunal electoral local terminó por acreditar la falta y ordenó diversas medidas, entre ellas la prohibición de emitir expresiones que puedan intimidar a la legisladora, la restricción para acercarse a ella y la inscripción de la activista en el registro de personas sancionadas por violencia política de género, lo que podría impedirle ocupar cargos públicos.
Zermeño critica sanción por chats privados
Durante la entrevista, Zermeño explicó que el caso ha pasado por varias etapas judiciales y que la denuncia fue impugnada en distintas ocasiones hasta llegar a instancias federales.
De acuerdo con su versión, el tribunal local inicialmente desechó la denuncia al considerar que no existían elementos suficientes, pero la parte denunciante recurrió el fallo.
¡Cuidado con lo que escribes en WhatsApp! 📱😱
La activista Emma Zermeño López fue sancionada en Sinaloa por ¡mensajes privados! El Tribunal Electoral los usó como prueba de “violencia política”. ⚖️🚫
¿Es justicia o el fin de nuestra privacidad? 🗣️🔒#FórmulaNoticias con… pic.twitter.com/YOgNObJSur
— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 15, 2026
La activista relató que el expediente fue llevado posteriormente a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se ordenó revisar nuevamente el caso y valorar las pruebas aportadas por la denunciante.
Zermeño sostuvo que el proceso ha sido largo y complejo, y que incluso se intentó acelerar el trámite mediante un recurso conocido como per saltum, mecanismo que permite saltar instancias judiciales para llevar el caso a un tribunal superior.
Sin embargo, en una primera ocasión ese recurso fue rechazado por la autoridad electoral.
La activista también explicó que su defensa decidió impugnar la resolución de la sala regional para que el caso fuera revisado por la Sala Superior del tribunal electoral federal.
Según relató, el proceso de admisión fue rápido y posteriormente el asunto comenzó a discutirse en esa instancia.
Para Zermeño, el tema central del caso es la utilización de conversaciones privadas como prueba judicial.
En la entrevista señaló que el artículo 16 de la Constitución establece la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y advirtió que una resolución en sentido contrario podría afectar a millones de usuarios de plataformas de mensajería.
“La conversación privada forma parte de nuestra intimidad”, afirmó la activista, quien añadió que el caso adquirió notoriedad pública tras varios meses de proceso judicial.
¿Qué es el Caso WhatsApp?
El conflicto se originó después de que la diputada con licencia Almendra Negrete denunciara a Zermeño por presunta violencia política de género.
En su demanda, la legisladora presentó capturas de pantalla de una conversación que la activista sostuvo con una persona identificada como Jonathan Alexis Ramírez Quevedo.
Tras analizar el caso, el tribunal electoral sinaloense determinó finalmente que sí existían elementos para acreditar violencia política en agravio de Negrete Sánchez, quien actualmente se desempeña como secretaria de Diversidad del partido Morena.
La resolución ha generado un debate en Sinaloa, especialmente entre colectivos feministas y miembros de la comunidad LGBTQ+, algunos de los cuales han cuestionado que se utilicen conversaciones privadas filtradas como pruebas judiciales.
Según estos sectores, la denuncia podría vulnerar derechos como la privacidad y la libertad de expresión.
En contraste, la parte denunciante sostiene que los mensajes constituyen elementos suficientes para acreditar violencia política de género.
Zermeño, quien también colabora dentro de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, afirmó durante la entrevista que el caso ha evolucionado de un conflicto personal a un debate público sobre derechos digitales y libertad de expresión.
“Esta lucha empezó siendo mía, pero ahora es para todos”, señaló la activista, quien consideró que el resultado del proceso podría sentar un precedente para el uso de comunicaciones privadas en procedimientos judiciales.
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