La masacre de San Fernando fue solo una de las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico del entonces presidente Felipe Calderón.
Era mediados de agosto de 2010 cuando una tragedia cimbró a México y el mundo entero. Un total de 72 migrantes indocumentados fueron asesinados a manos de Los Zetas. La tragedia fue nombrada como la masacre de San Fernando, o bien, masacre de los 72.
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Entre el 22 y 23 de agosto 58 hombres y 14 mujeres fueron terriblemente ultimados por el Cartel de los Zetas, según un documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Las víctimas provenían de diversos países y estaban de paso por México, ya que se dirigían a Estados Unidos.
De acuerdo con las indagatorias, el crimen surgió porque los migrantes se negaron a formar parte de la organización o a pagar una cuota para seguir su camino, por lo que fueron secuestrados, retenidos y ejecutados a menos de 150 kilómetros de la frontera norte.
“Se les asesinó por la espalda y sus cuerpos fueron apilados y abandonados a la intemperie, acelerando con ello su proceso de descomposición”, reprochó la CDNH.
Tras el crimen, solo dos personas quedaron con vida, entre ellos un ecuatoriano, quien fue herido de bala en la mandíbula y fingió estar muerto para que no lo remataran. Las victimas eran originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil y la India.
Una sentencia sin verdad ni justicia
Tras documentarse la tragedia que vivieron los migrantes, el Estado comenzó una supuesta investigación para dar con los responsables. Sin embargo, las sentencias provocaron más heridas que consuelo.
En su momento fueron consignadas 15 personas por los hechos, pero fue hasta 2021 cuando se emitieron las dos primeras sentencias. A la fecha, no hay ninguna investigación sobre el posible nexo entre autoridades y las redes criminales, aseguró.
El crimen perpetrado durante el gobierno de Felipe Calderón, quien declaró la guerra al narcotráfico, “destapó el horror, hasta entonces silencioso, de migrar por México”, indicó la Fundación para la Justicia.
En agosto de 2025, Eduardo Rojas, coordinador de estado de derecho de la fundación, señaló que se requería de instrumentos extraordinarios con la capacidad para investigar la masacre de San Fernando desde un enfoque de “macrocriminalidad” y de derechos humanos.
“Se trata, en la masacre de los 72 migrantes, de expedientes que en realidad requerirían de un equipo interdisciplinario solamente para este caso; (sin embargo), lo que tenemos es que muchas de estas masacres están siendo asignadas a un solo Ministerio Público”, subrayó.
Gobierno de Calderón abandonó a familias de las víctimas
Eduardo Rojas resaltó que las familias de los migrantes asesinados en San Fernando tuvieron que enfrentar el “abandono institucional”, particularmente –dijo– la experiencia con la Fiscalía General de la República “ha sido bastante negativa”.
Señaló que tuvieron que pasar nueve años para acceder al expediente, peritajes y averiguaciones previas sobre la masacre de San Fernando, producto de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Pasar nueve años sin tener ese expediente implica que las propias víctimas no pudieran conocer qué es lo que se estaba realizando y que no pudieran proponer actos de investigación”, reprochó.
El coordinador de la Fundación para la Justicia hizo énfasis en que la masacre no fue un hecho aislado, sino consecuencia de una “violencia sistemática” contra personas migrantes en la región.
En el mismo sentido, Rosmery Yax Canastuj, coordinadora de la oficina de la fundación en Guatemala, coincidió con ese diagnóstico y recordó que en 2011 fueron localizados 195 restos humanos en 48 fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.
Para la especialista, ese hallazgo evidenció una repetición de patrones de violencia incluso después de que el asesinato de los 72 migrantes, ocurrido en agosto de 2010, se hiciera público.
Yax Canastuj sostuvo que, tras aquel crimen, “no se tomaron las medidas necesarias” para evitar que hechos similares volvieran a ocurrir.
A su juicio, la falta de investigaciones profundas y de acciones de no repetición permitió que se registraran otros crímenes atroces, como el hallazgo de 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León, en 2012, así como las masacres ocurridas en Güémez en 2014 y en Camargo en 2021, ambas en Tamaulipas.
Por lo tanto, hizo un llamado a los gobiernos de los países de origen de las víctimas a no olvidar los procesos aún pendientes y subrayó la necesidad de coordinación entre autoridades para garantizar verdad, reparación y justicia a los familiares.
Familias de migrantes siguen clamando justicia
En 2022, a doce años de la masacre de San Fernando, familiares y abogados de las víctimas denunciaron que la investigación inicial sobre el crimen había quedado en el olvido y la impunidad.
Para muchas familias, el paso del tiempo no había reducido el dolor ni la exigencia de justicia. En ese entonces, Guillermina Vega, madre de una de las víctimas, expresó:
“Diez años pueden pasar, pero nosotros lo vivimos hoy como si fuera ayer. Es un dolor que no nos ha dejado. Lo que más queremos es que el caso se esclarezca, que se llegue a la verdad y a la justicia”.
Los familiares también señalaron que la responsabilidad del Estado mexicano en la prevención de la tragedia resultaba evidente. Recordaron que, antes de la masacre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había advertido en un informe sobre la grave situación de secuestro de migrantes en el país, lo que reflejaba que existían señales de alerta que no fueron atendidas con la debida eficacia.
Aunque hubo presión internacional por parte del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, entre otras instancias, durante varios años los avances fueron limitados.
Además, los procesos de exhumación e identificación de los restos encontrados por la masacre de San Fernando estuvieron marcados por errores y fallas, lo que evidenció la falta de diligencia de las autoridades. Como resultado, la impunidad afectó durante mucho tiempo uno de los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos contra personas migrantes.
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