Javier Duarte de Ochoa ha cumplido casi el 95 por ciento de su condena inicial, pero tiene pendientes otros procesos legales.
Un juez federal otorgó prisión preventiva justificada en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
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El exgobernador priista está a solo unos meses de terminar su condena actual de 9 años impuesta en 2018 por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Además de la prisión, se le impuso una multa y se ordenó el decomiso de más de 40 propiedades ligadas a la red de corrupción.
Duarte de Ochoa encabezó una red criminal compleja que involucraba a diversos funcionarios públicos y prestanombres para desviar recursos del erario de Veracruz, dinero que fue triangulado a través de empresas fantasma para adquirir propiedades de lujo tanto en México como en el extranjero.
El político también ha enfrentado procesos estatales por delitos como desaparición forzada, los cuales siguen abiertos y por los que continúa bajo prisión preventiva.
En este caso, se le señala por su presunta responsabilidad en la desaparición de un oficial de policía y por participar en una estructura que permitía la ocultación de cuerpos encontrados en la barranca “La Aurora“, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.
FGR acusa a Javier Duarte de peculado
Durante una audiencia celebrada en el Reclusorio Norte de la CDMX, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor dictó prisión preventiva en contra de Javier Duarte por el delito de peculado.
La FGR centró su acusación en el manejo de recursos federales durante su segundo año como gobernador, específicamente en 5 millones de dólares que provenían de subsidios federales etiquetados específicamente para un fondo de apoyo a personas con discapacidad en Veracruz.
De acuerdo con la fiscalía, los fondos nunca llegaron a los beneficiarios ni se utilizaron para mejorar servicios o atención especializada. En su lugar, fueron desviados mediante operaciones que no tienen respaldo administrativo ni contable claro.
Aunque esta acusación es por 5 millones, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que el desfalco total en su administración podría superar los 60 mil millones de pesos.
En este nuevo proceso, la defensa de Duarte ha intentado retrasar el proceso. La audiencia inicial se intentó realizar desde noviembre de 2025 y enero de 2026, pero se pospuso porque la defensa argumentó que sus abogados estaban hospitalizados o necesitaban tiempo para entrevistar a testigos.
El próximo 17 de febrero de 2026 será el día definitivo para saber si el juez decide vincularlo a proceso formalmente.
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