Los inculpados por Felipe Calderón relataron detenciones ilegales, golpes, asfixia y amenazas para memorizar declaraciones falsas.
El sexenio de Felipe Calderón estuvo marcado por la llamada “guerra contra el narco”, una estrategia cuyo objetivo era combatir a los carteles de droga en México, pero que derivó en miles de muertes y una de las crisis de inseguridad más grandes en la historia reciente del país.
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Uno de los episodios más destacables de este periodo tuvo lugar la noche del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, durante los festejos del Grito de Independencia encabezados por el entonces gobernador Leonel Godoy Rangel.
Testigos narraron que, cerca de las 23:00 horas, lanzaron dos granadas de fragmentación estallaron en la plaza Melchor Ocampo, en medio de una multitud conformada mayormente por familias.
Los asistentes relataron haber visto objetos caer desde atrás de la plaza y escuchar explosiones casi simultáneas, seguidas de gritos, confusión y escenas de pánico.
El saldo oficial fue de ocho personas muertas y más de cien heridas. Los dictámenes forenses establecieron que los fragmentos metálicos de las granadas provocaron amputaciones, laceraciones de arterias, perforaciones de cráneo y hemorragias masivas.
Se trató del primer ataque de esta naturaleza contra población civil durante una ceremonia cívica en México.
Granadazos de Morelia, un montaje de Felipe Calderón
Once días después del atentado, autoridades federales informaron la detención de tres hombres: Alfredo Rosas Elicea, Juan Carlos Castro Galeana y Julio César Mondragón Mendoza, localizados en una casa en construcción en Apatzingán, Michoacán.
Según la versión oficial, los detenidos confesaron ser integrantes de Los Zetas y haber lanzado las granadas por encargo del cartel, con el objetivo de generar terror y culpar a La Familia Michoacana.
Las confesiones fueron presentadas como una resolución rápida del caso en el contexto de la estrategia federal contra el narcotráfico.
Sin embargo, meses después los tres inculpados se retractaron y denunciaron haber sido víctimas de secuestro, tortura y amenazas para declararse culpables.
La defensa y diversas indagatorias periodísticas señalaron que el caso habría sido un montaje atribuido a Mario Arturo Acosta Chaparro, militar retirado y presunto asesor de inteligencia del gobierno de Felipe Calderón, en coordinación con autoridades federales, con el objetivo de cerrar el caso de manera expedita.
Víctimas de montaje denunciaron secuestro y tortura
Alfredo Rosas Elicea declaró que fue privado de la libertad el 23 de septiembre de 2008, cuando llegó a su casa y fue interceptado por varios hombres armados que lo subieron a su propio vehículo.
Durante su cautiverio fue golpeado, asfixiado y amenazado para que se declarara culpable. Su estado de salud al ser presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) era tan grave que tuvo que ser hospitalizado.
Por su parte, Juan Carlos Castro Galeana relató que fue levantado en un taller mecánico días después del atentado. Sus captores lo trasladaron a una huerta, lo amenazaron con armas en la cabeza y le mostraron videos de decapitaciones para obligarlo a colaborar.
Aseguró que le advirtieron que lo mutilarían a él y a su familia si no aceptaba la versión que le dictaban.
“Repetía lo que ellos decían; si me equivocaba, me golpeaban”, declaró ante el juez.
Julio César Mondragón Mendoza fue secuestrado el 21 de septiembre. Recibió un golpe que lo dejó inconsciente y, al despertar, permaneció vendado mientras escuchaba amenazas directas de muerte contra él y sus familiares.
A pesar de padecer poliomielitis desde la infancia, fue señalado como uno de los lanzadores de granadas, incluso con la versión de que había arrojado un explosivo desde un árbol en la plaza, una acusación físicamente imposible.
Los tres coincidieron en que, tras las sesiones de tortura, fueron bañados, cambiados de ropa y abandonados esposados en una casa en construcción, con instrucciones precisas: debían decir que eran integrantes de Los Zetas y asumir la autoría del ataque.
Granadazos de Morelia continúa sin justicia
En mayo de 2015, un juzgado federal en Jalisco ordenó la liberación de los tres acusados, al concluir que el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes y que las confesiones fueron obtenidas mediante tortura física y psicológica.
A pesar de la liberación, el caso permanece impune. No se ha determinado judicialmente quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales del ataque, ni se ha fincado responsabilidad penal contra funcionarios por la fabricación del caso y las violaciones a derechos humanos documentadas.
Este caso modificó la percepción pública de la justicia en México, ya que gran parte de la población comenzó a denunciar las irregularidades y los excesos cometidos durante los primeros años de la “guerra contra el narco”.
A casi dos décadas del atentado, las víctimas siguen sin verdad ni justicia.
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