Líderes de extrabajadores del IFT han preferido el boicot a la vía jurídica para obtener una tajada de las indemnizaciones.
La disputa por indemnizaciones laborales del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) volvió al centro del debate público, no solo por el fondo del reclamo, sino por las tensiones internas del propio movimiento de extrabajadores, que denunciaron presiones para privilegiar la protesta mediática sobre la vía judicial, además de la exigencia de una comisión del 10 por ciento del pago final en caso de obtener la liquidación.
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A casi tres meses de que el Pleno del desaparecido órgano regulador determinó excluir a un grupo de directores de confianza de recibir indemnización, al ser personal de libre designación sin estabilidad laboral, los líderes que representan a al menos 89 extrabajadores han planteado continuar la confrontación en medios y en calle, mientras piden un compromiso económico a sus representados: entregar el 10 por ciento de cualquier pago obtenido por concepto de liquidación laboral.
Líderes piden comisión por indemnizaciones del IFT
La polémica escaló porque, a diferencia de otros movimientos laborales que buscan resoluciones en tribunales, los líderes del grupo sostienen que no contemplan demandar ante juzgados especializados, sino apostar por la conciliación política e institucional, acompañada de protestas y presión pública, una estrategia que, según críticos internos, podría tener costos reputacionales, económicos y legales para los participantes.
El núcleo dirigente del movimiento, encabezado por la abogada Luz Guerrero, junto con Adrián Rivero Peña y Elvia María Hernández, ha sostenido en conversaciones privadas que la vía judicial no es un camino que estén evaluando, y que su apuesta central es la conciliación con el nuevo organismo regulador, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Uno de los trabajadores que busca su indemnización filtró mensajes donde Guerrero solicita que cada persona beneficiada le entregue 10 por ciento del pago final. El argumento planteado por la abogada es que un litigante laboralista privado podría cobrar hasta 30 por ciento, por lo que, desde su postura, la comisión del 10 por ciento sería “menor” frente a estándares del mercado.
Las conversaciones muestran el tono de Guerrero defendiendo la petición como una decisión personal e intransferible, asegurando que solo ella y Adrián pueden ponerle precio al desgaste intelectual, físico y emocional del proceso. Incluso respondió a un crítico interno, el economista Alfonso, con un mensaje que confronta el terreno profesional de cada uno: señaló que los “cálculos vacíos” no pueden medir el trabajo jurídico que realizaron, y sostuvo que su labor sirvió como base para la conciliación aceptada por la CRT.
Rivero Peña, quien ocupó hasta octubre de 2025 la Dirección de Análisis Jurídico del extinto IFT, es mencionado en los mensajes como el otro eje de la estrategia. Guerrero también enfatizó que no solo conciliaron, sino que establecieron fundamentos jurídicos que servirían para cualquier eventual demanda, y que incluso generaron un “doble trabajo”.
Presión mediática vs. demanda colectiva en tribunales
El choque entre estrategias, calle contra tribunales, no solo es público, sino interno. Mientras Hacienda respondió a la CRT que el grupo de libre designación no contaba con estabilidad laboral en términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, funcionarios del nuevo organismo consultaron sobre la pertinencia de liquidarlos, a pesar de no tener estabilidad laboral formal.
El movimiento ya había protagonizado un bloqueo en Avenida Insurgentes el 26 de septiembre de 2025, donde la dirigencia argumentó ante el nuevo regulador que existían fundamentos jurídicos para conciliar.
No obstante, la estrategia se desmoronó cuando 133 extrabajadores, que al final quedaron reducidos a 89, decidieron cobrar el Seguro de Separación Individualizado de MetLife, instrumento que había sido aprobado por el propio Pleno del IFT cuando determinó que los empleados de libre designación no tenían estabilidad laboral, ni derecho a indemnización.
La filtración del clip y de los mensajes reconfiguró el debate en redes: por un lado, usuarios que apoyan el reclamo laboral afirman que la exigencia del 10% se percibe como un intento de monetizar un proceso de interés público; por otro, algunos extrabajadores sostienen que sin una estrategia formal en tribunales, el movimiento queda rehén de la narrativa mediática y no de la resolución jurídica.
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