Azcárraga podría beneficiarse de exenciones fiscales totales del convenio que México firmó con la FIFA en el sexenio de Peña.
De acuerdo con una investigación de El Imparcial, el empresario Emilio Azcárraga, a través de sus firmas Ollamani y Televisa, acumula desde hace una década un adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 4 mil 540 millones de pesos.
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Esto a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que su administración no otorgará publicidad oficial a empresas con deudas fiscales.
El pasivo persiste incluso mientras ambas compañías participan en la organización del Mundial de 2026, del cual México será sede de 13 partidos.
Cabe señalar que documentos oficiales vigentes detallan que la deuda asciende a:
- 2 mil 378 millones de pesos, correspondientes a Ollamani.
- 2 mil 162 millones de pesos, relativos a Televisa y sus subsidiarias.
Pese a este adeudo acumulado, ambas empresas continúan recibiendo recursos públicos, un hecho que contrasta con el compromiso de la propia Presidencia de evitar financiamiento gubernamental a compañías con pasivos fiscales pendientes.
Azcárraga recibe fondos para el Mundial pese a deuda fiscal
Además de sus deudas, Ollamani (y potencialmente Televisa, junto con empresas relacionadas) podría beneficiarse de exenciones fiscales totales como parte del convenio que México firmó con la FIFA durante la administración de Enrique Peña Nieto, requisito indispensable para que el país obtuviera la sede mundialista.
El acuerdo establece que la exención no sólo aplicará a la FIFA, sino también a organizadores, proveedores, contratistas, subsidiarias y personas físicas vinculadas al evento.
La FIFA enviará al gobierno la lista completa de beneficiarios, quienes serían eximidos de impuestos durante la preparación y celebración del torneo.
Hacienda busca acotar beneficios con la FIFA
Aunque la exención fue incorporada a la Ley de Ingresos 2026, la Secretaría de Hacienda aseguró que ha llevado a cabo diversas mesas de trabajo con la FIFA para limitar el alcance de las disposiciones fiscales y aduaneras.
En un comunicado, la dependencia precisó que el Poder Legislativo condicionó el beneficio a que cada participante cuente con una norma habilitante.
Las exenciones solo podrán aplicarse durante 2026, lo que significa que no comenzarán a operar desde el último cuatrimestre de 2025, como se había planteado inicialmente.
“Se acordó que será la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, quien expida las disposiciones para dar cumplimiento a la Garantía Gubernamental”, se lee al final del comunicado.
Puedes leer la investigación completa AQUÍ.
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