El abogado de Javier Duarte aseguró que su cliente vive una presión y un gran aplaste por parte del Estado en contra de una persona.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, habría sufrido tortura al interior del Reclusorio Norte con el fin de obligarlo a acudir a la audiencia inicial de la carpeta 103/2018 abierta por la desaparición forzada de un taxista, en abril de 2013, en Coatepec, Veracruz.
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Duarte se habría negado a acudir hasta en 6 ocasiones, hasta que lograron llevarlo amarrado a una silla y presuntamente bajo la acción de sustancias.
La defensa de Javier Duarte acusó que han intentado fincarle diversos delitos para imponerle más de 300 años de prisión.
Cuestionó que durante el proceso la FGR haya ofrecido como testigos a miembros de la Fiscalía Especializada en Denuncias de Personas Desaparecidas de Veracruz.
“Trajeron a la mitad de Veracruz para traer información desactualizada, es un aplaste de la Fiscalía de Veracruz y de la FGR”, acusaron los abogados del exgobernador.
Javier Duarte acusa tortura dentro del Reclusorio Norte
Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte, acusó a las autoridades penitenciarias del Reclusorio Norte de presuntamente torturar a su cliente al haberle inyectado adrenalina para mantenerlo sentado y poder notificarle, en 2022, la acusación de desaparición forzada, cargo que se negaba a escuchar formalmente desde un año antes.
Campuzano narró que las autoridades del penal decidieron suministrarle el fármaco para obligarlo a comparecer, pese a que había manifestado sentirse mal por problemas de presión arterial.

FGR busca acreditar mala conducta de Javier Duarte para evitar liberación
Por su parte, el fiscal Manuel Granados Quiroz, titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes, de la Fiscalía General de la República (FGR), manifestó que el exgobernador no podía gozar del beneficio de la liberación anticipada, debido a que en seis ocasiones se negó a acudir a una audiencia inicial para ser imputado por el presunto delito de desaparición forzada.
La FGR reiteró que la constante negativa por parte de Javier Duarte a enfrentar los cargos por desaparición forzada de personas muestran una mala conducta procesal que orillaron a las autoridades a hacer uso de la fuerza pública para obligarlo y lograr su vinculación a proceso.
Ante eso, la defensa del exgobernador ha denunciado que la fiscalía pretende hacer pasarlo como una persona “inadaptada” como parte de la persecución política que presuntamente ha sufrido su cliente.
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