El juez federal consideró que la FGR presentó suficientes evidencias que acreditarían la posibilidad de dos tiradores contra Colosio.
A 31 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el caso que marcó la vida política moderna de México volvió a sacudir al sistema judicial con la reactivación de una de sus líneas de investigación más controvertidas: la posible existencia de un segundo tirador.
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Dicha hipótesis tomó nueva fuerza con la decisión de un juez federal de dictar auto de formal prisión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuyo nombre ha estado ligado al magnicidio desde 1994.
El 23 de marzo de aquel año, durante un mitin del candidato presidencial del PRI en Lomas Taurinas, Tijuana, dos detonaciones marcaron el fin de la vida política del sonorense y el inicio de una compleja maraña judicial. Aunque Mario Aburto fue condenado como único responsable, diversas inconsistencias, testimonios contradictorios y el señalamiento de testigos indirectos mantuvieron viva la versión sobre un segundo agresor.
Dictan formal prisión contra involucrado en caso Colosio
El propio abogado de Aburto, Jesús González Schmal, reafirmó recientemente esta línea argumentativa al señalar que su defendido “no realizó ninguno de los dos disparos” y acusar que detrás del ataque pudo haber existido una “conspiración dirigida” en la que habría participado Sánchez Ortega.
En este tenor, el exagente, quien presuntamente operaba infiltrado como reportero para el Cisen, fue detenido a tan solo 15 metros del punto donde cayó herido el candidato presidencial y presentaba manchas de sangre y restos de plomo en las manos.
Su nombre reapareció en 2024, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) reactivó la averiguación previa SE/003-BIS/95 y solicitó órdenes de aprehensión derivadas de la presunción de que Sánchez Ortega habría realizado dos detonaciones durante el atentado. Aunque inicialmente un juez federal negó la captura por considerar insuficientes los elementos, nuevas diligencias cambiaron el rumbo del caso.
El juez Cuarto de Distrito en materia penal con sede en Almoloya de Juárez, Daniel Marcelino Niño Jiménez, dictó auto de formal prisión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega por el delito de homicidio calificado, al considerar suficientes los elementos aportados por el Ministerio Público federal.
La resolución se tomó dentro del sistema penal tradicional, pues la averiguación fue integrada antes de la reforma acusatoria, lo que obligó a celebrar la audiencia en la rejilla de prácticas. Fuentes judiciales confirmaron que Sánchez Ortega permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, donde ingresó hace una semana tras su captura en Tijuana el 8 de noviembre.
El exagente solicitó la ampliación del término constitucional de 72 horas para definir su situación jurídica, plazo que venció precisamente este sábado y derivó en la formal prisión. Con ello, el proceso penal quedó abierto formalmente, más de tres décadas después de los hechos ocurridos en Baja California.
¿Quién es Jorge Antonio Sánchez Ortega?
Según la FGR, existen pruebas que acreditan que Sánchez Ortega estuvo presente junto a la multitud en el momento del ataque, que huyó tras los disparos y que no participó en el auxilio del candidato. También se reiteró que las pruebas de rodizonato, obtenidas en 1994, dieron positivo en pólvora.
Jorge Antonio Sánchez Ortega era agente operativo del extinto Cisen desde siete meses antes del mitin en Lomas Taurinas y, según diversas investigaciones periodísticas y oficiales, se infiltraba entre la prensa para realizar labores de seguimiento y análisis de eventos políticos. Tras el atentado, fue asegurado por las autoridades debido a las manchas de sangre en su ropa, la presencia de plomo en sus manos y por la gran similitud física que mantenía con Mario Aburto.
Aunque inicialmente fue liberado por la entonces Procuraduría General de la República, nuevas líneas de investigación lo volvieron a poner en la mira en años recientes, incluso con versiones que apuntan a que altos mandos del Cisen, como Genaro García Luna, posteriormente secretario de Seguridad Pública, habrían intervenido para sacarlo del caso en 1994.
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