El PAN señaló con una mano la supuesta tiranía de Morena mientras que con la otra colocó a magistrados estatales donde gobierna.
El Partido Acción Nacional (PAN) tal vez terminé siendo conocido como uno de los partidos políticas más hipócritas de la historia. Con un discurso de confrontación contra Morena al acusar a sus gobiernos de “capturar” al Poder Judicial y convertirlo en un instrumento de poder político. Y al mismo tiempo, gobernadores panistas han replicado la práctica añeja de apropiarse de los tribunales en distintos estados de la República.
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Los casos más recientes se han registrado en Aguascalientes, Chihuahua y Yucatán, donde los nombramientos de magistrados y presidentes de tribunales han estado marcados por vínculos políticos directos con figuras del panismo.
PAN continúa exigiendo un Poder Judicial
En estas entidades, las decisiones han generado polémica y señalamientos de violaciones constitucionales, además de acusaciones de nepotismo e imposición de perfiles cercanos a los gobernadores en turno.
El contraste entre el discurso de exigencia de independencia judicial y la práctica de intervenir en las designaciones de magistrados exhibe un doble rasero en el actuar del PAN.
Mientras denuncia lo que califica como “tiranía” de Morena, simultáneamente asegura posiciones estratégicas en los tribunales estatales, lo que prolonga la influencia del partido más allá de los periodos gubernamentales.
Uno de los episodios más recientes ocurrió en Aguascalientes, donde la panista María José Ocampo Vázquez, hija de la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota y exfuncionaria del gobierno estatal de Teresa Jiménez, fue electa Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia.
Su nombramiento contravino lo estipulado en el artículo 51 de la Constitución local, que ordena que la presidencia sea ocupada por quien obtenga la mayor votación.
Ocampo Vázquez se colocó en sexto lugar en la elección, con 82 mil 946 votos, por debajo de Felipe Ávila Orozco y Mariana de Fátima de León Barba. No obstante, recibió el respaldo de los magistrados y magistradas locales para ocupar el cargo por dos años.
La polémica creció porque el procedimiento de su designación no fue transparente, y porque hasta hace poco se desempeñaba como directora general de Planeación de la Gobernadora Teresa Jiménez.
Un caso similar se vivió en Chihuahua, donde la actual Gobernadora, María Eugenia Campos Galván, respaldó la llegada de Marcela Herrera Sandoval, exfuncionaria de su administración, a la presidencia del Poder Judicial.
También fue cuestionado el nombramiento de Francisco Javier Acosta Molina, panista desde 2019, al frente del Tribunal de Disciplina Judicial.
PAN se adueña de los tribunales en Aguascalientes, Chihuahua y Yucatán
En Yucatán, el Congreso local aprobó en marzo de este año una reforma judicial impulsada durante el gobierno del panista Mauricio Vila, con la cual se amplió el periodo de seis magistrados afines a su gestión, quienes permanecerán en sus cargos hasta 2036 o incluso hasta 2042.
Esta reforma fue impugnada por el gobierno federal, pero validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo la presidencia de Norma Piña.
Entre los beneficiados destacan la magistrada presidenta María Carolina Canto Valdez y otros cinco magistrados ligados políticamente a Vila. La medida ha sido calificada por juristas y legisladores como desproporcionada e inconstitucional, pues supera por varios años los plazos establecidos en la Constitución federal, que van de cinco a ocho años.
De esta forma, mientras el PAN insiste en exigir un Poder Judicial libre de presiones y de control político por parte de Morena, en los estados donde gobierna ha reproducido las prácticas que critica, consolidando redes de poder judiciales afines a sus intereses y debilitando la confianza en la imparcialidad de la justicia.
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