El amparo emitido a favor de Simón Levy impedirá cualquier orden de aprehensión pero no detendrá el proceso penal en su contra.
La historia judicial de Simón Levy, exsubsecretario de Turismo federal y empresario inmobiliario, vuelve a despertar a hidras de su pasado tras la decisión de una jueza federal de frenar cualquier intento de arresto en su contra. Pero, ¿por qué lo querría necesario?
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Y es que Levy enfrenta desde 2021 una serie de acusaciones por daño a la propiedad y responsabilidad en la construcción irregular de un condominio en Polanco.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-Cdmx), dos órdenes de aprehensión habían sido giradas contra él: la primera, por presuntamente agredir y amenazar a Emma Santos, una mujer de la tercera edad con la que mantenía un litigio por incumplimientos contractuales. Mientras que la segunda, por el delito de responsabilidad de directores de obra, debido a irregularidades en un desarrollo inmobiliario.
La carpeta de investigación señala que el condominio fue construido sin respeto a los permisos vigentes de desarrollo urbano y que Levy se benefició con más de 200 metros cuadrados de construcción adicionales a los pactados originalmente con Santos, quien aportó el terreno.
El conflicto escaló cuando, además de las acusaciones de agresiones físicas y amenazas, un juez civil condenó a Levy a pagar más de 1.4 millones de dólares por incumplir el convenio con su exsocia.
¿Por qué se amparó Simón Levy?
Ante este panorama, Levy recurrió al amparo como estrategia de defensa. Sobre ello, el Juzgado Décimo de Distrito en materia Penal, a cargo de la jueza Ruby Celia Castellanos Barradas, le concedió una suspensión provisional que impide a las autoridades capitalinas ejecutar cualquier orden de aprehensión, incluso si se tratara de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
En su solicitud, el exfuncionario argumentó que su vida corre peligro, ya que en la carpeta judicial 008/734/2022 su calidad de víctima cambió repentinamente a la de investigado, lo cual atribuye a “actos de corrupción” dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Levy sostiene que fue injustamente colocado en la posición de imputado y que, además, enfrenta amenazas por haber señalado a funcionarios y a presuntas organizaciones criminales.
La medida otorgada por la jueza no significa la anulación del proceso penal, sino únicamente la suspensión temporal de cualquier arresto mientras se analiza a fondo el caso. Además, el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX tiene un plazo de 48 horas para informar sobre la naturaleza del delito atribuido, las sanciones aplicables y los riesgos de fuga del acusado.
Aunque Levy insiste en presentarse como víctima de una persecución judicial y mediática, lo cierto es que sobre él pesan antecedentes legales que lo colocan en una posición comprometida. Su historial, marcado por disputas inmobiliarias, incumplimientos contractuales y acusaciones de violencia, refuerza la percepción pública de un personaje que, lejos de esclarecer su situación, busca prolongar la incertidumbre legal a través de mecanismos judiciales.
El amparo, en este contexto, más que una defensa legítima, parece ser un recurso para retrasar la rendición de cuentas. Lo que está en juego no es solo su libertad, sino también la credibilidad de las instituciones que deben garantizar que la justicia prevalezca sobre los privilegios políticos y económicos.
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