La defensa de César Duarte argumentó al juez que los delitos que motivaron el aseguramiento del inmueble fueron “inventados”.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió que el aseguramiento de una propiedad vinculada a los hijos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue completamente ilegal y ordenó su inmediata devolución, informó este jueves la defensa legal del exmandatario.
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El inmueble en cuestión fue asegurado en 2017 durante el gobierno de Javier Corral, como parte de las investigaciones derivadas de la llamada “Operación Justicia”, la cual buscaba fincar responsabilidades penales contra funcionarios del sexenio de Duarte.
Juez ordena devolución de casa a hijos de César Duarte
No obstante, el Tribunal concluyó que la casa no debía haber sido objeto de aseguramiento alguno, ya que pertenece legalmente a los hijos del exgobernador y en ella “no había ni hay materia para investigar”.
“Siempre vivieron ahí hasta antes de los arbitrarios e ilegales aseguramientos ordenados por Javier Corral y su ahora también investigado fiscal, César Peniche”, señaló el equipo legal de Duarte, quienes calificaron los señalamientos como parte de una persecución política sin sustento jurídico.
De acuerdo con sus defensores, los delitos que supuestamente motivaron el aseguramiento del inmueble fueron “inventados” y nunca se pudieron acreditar legalmente.
“Nada de ello existió”, afirmaron.
La resolución del Tribunal Federal se suma a una serie de cuestionamientos recientes en torno a la legalidad y efectividad de la Operación Justicia, impulsada durante el mandato de Corral.
Los abogados de Duarte consideraron que este fallo “comprueba una vez más la enorme farsa y mentira inventada por Javier Corral al pueblo de Chihuahua”, y aseguran que dicha operación significó un “despilfarro indiscriminado e irresponsable de todo tipo de recursos, además de una gran burla para la ciudadanía”.
Duarte interpone amparo para recuperar inmuebles
El pasado mayo, Juan Carlos Mendoza, abogado de Duarte, informó que interpuso un nuevo amparo para solicitar acceso a una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual ha sido utilizada como argumento para impedir la devolución de una propiedad en Parral, pese a que otra resolución judicial ya había ordenado su restitución.
El litigante denunció que existe opacidad por parte de la FGR, pues dicha carpeta no contiene elementos suficientes para fincar responsabilidad contra su cliente.
“No hay juicio, no hay sanción, y sin eso no hay razón legal para seguir asegurando los bienes”, declaró.
Según Mendoza, el aseguramiento de los inmuebles responde más a motivos políticos que jurídicos.
“La causa penal original que motivó la extradición fue la 3041, y fuera de esa, no puede ser procesado por ninguna otra”, recordó.
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