La casa de Raúl Salinas de Gortari habría funcionado como centro de espionaje entre septiembre de 2013 y septiembre de 2015.
De acuerdo con documentos ministeriales obtenidos por El País, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) operó un centro clandestino de intercepción de comunicaciones desde una mansión confiscada a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente priista Carlos Salinas, ubicada en Avenida Explanada 1230, en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la capital.
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El centro habría funcionado entre septiembre de 2013 y septiembre de 2015, bajo la gestión del entonces procurador Jesús Murillo Karam, y con la participación de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Ambos personajes, figuras clave del gobierno peñista, están hoy acusados en procesos judiciales por tortura y desaparición forzada relacionados con el caso Ayotzinapa.
Murillo cumple prisión domiciliaria y Zerón permanece prófugo en Israel, país con el que México no tiene tratado de extradición.
Casa de Salinas de Gortari se usó para espionaje con Peña
Durante el siglo XX, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del PRI, vigiló a disidentes, periodistas, artistas y hasta funcionarios del propio gobierno. Existen indicios de que la DFS también participó en asesinatos de figuras incómodas al régimen.
Con el regreso del PRI al poder en 2012, estas prácticas habrían resurgido, esta vez con tecnologías más sofisticadas.
Durante el sexenio de Peña Nieto, el software espía Pegasus, adquirido oficialmente para combatir al crimen organizado, fue utilizado para vigilar a activistas, periodistas y políticos opositores.
Ahora, una nueva línea de investigación apunta a la PGR de Murillo Karam, que habría usado una empresa offshore, Duritz Holdings Limited, registrada en Gibraltar, para canalizar 250 millones de pesos (más de 13 millones de dólares) hacia la adquisición de sistemas de espionaje.
Según la Fiscalía, no hay registro de los equipos adquiridos en el inventario oficial.
La revelación clave provino de Humberto Antimo Rivera, exdirector de Seguridad Institucional de la PGR, quien señaló que los equipos sí fueron entregados, pero instalados fuera de la Procuraduría, en la mansión de Raúl Salinas.
En diciembre de 2020, su defensa solicitó a la Fiscalía realizar diligencias en ese inmueble para demostrar que el contrato sí se ejecutó, aunque de manera clandestina.
El inmueble había sido embargado a Salinas desde 1996, como parte de una investigación por enriquecimiento ilícito. Durante años, la PGR sostuvo que el hermano del expresidente acumuló 52 millones de dólares de manera injustificada.
Sin embargo, en 2013 fue absuelto y sus bienes fueron restituidos. La casa en Lomas de Chapultepec permaneció bajo control de la PGR hasta 2015, cuando fue entregada al Servicio de Enajenación de Bienes (SAE).
La Fiscalía de Alejandro Gertz Manero retomó el caso a partir de esta pista, en el marco de una investigación más amplia sobre el uso irregular de la partida secreta de “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, que funcionaba como una caja chica con escasa fiscalización durante el gobierno priista.
Se estima que por esa vía se malversaron más de 3 mil 300 millones de pesos (unos 177 millones de dólares).
Investigación sobre espionaje durante gobierno de Peña sigue abierta
Aunque los fiscales no pudieron confirmar la existencia física del centro de espionaje debido al tiempo transcurrido y a la entrega del inmueble en 2015, la investigación sigue abierta, y la Fiscalía no descarta nuevas diligencias para esclarecer el destino del dinero y el uso de los equipos adquiridos.
La semana pasada, el expresidente Enrique Peña Nieto fue nuevamente vinculado a estos esquemas.
Dos empresarios israelíes, Avishai Neriah y Uri Ansbacher, declararon ante tribunales en Israel que invirtieron 25 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos, incluido el propio Peña Nieto, para obtener contratos gubernamentales, entre ellos, la venta del software espía Pegasus.
La relación entre Tomás Zerón y empresarios israelíes también ha sido documentada. La Fiscalía mexicana ha solicitado su extradición no solo por el caso Ayotzinapa, sino también por la compra irregular de equipos de espionaje.
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