Eduardo Almeida fue favorecido por el gobierno de César Duarte con 126 millones de pesos para supuestos servicios jurídicos.
Eduardo Almeida Navarro, empresario chihuahuense vinculado al exgobernador priista César Duarte, deberá pagar más de 512 millones de pesos al Gobierno federal luego de que un tribunal colegiado le negara un amparo con el que buscaba evitar esa millonaria deuda fiscal.
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La resolución representa un revés significativo no solo para Almeida, sino también para el propio Duarte y para la gobernadora actual de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien acusan de proteger la red de corrupción que operó durante el sexenio duartista.
El fallo fue confirmado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que reconoció la validez de un crédito fiscal por evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2015, por un monto de 511 millones 750 mil pesos.
Prestanombres de César Duarte pierde amparo
El periodista y escritor José Pérez Espino, especialista en temas de corrupción en Chihuahua, detalló en entrevista con el programa A las Dos que el empresario fue señalado como uno de los principales testaferros de Duarte.
Además, acusó a la gobernadora Campos Galván de abandonar sistemáticamente los casos fiscales y penales contra el exmandatario y sus colaboradores.
“Es una derrota para César Duarte y para toda la red de corrupción que implica a la propia Gobernadora. Durante cuatro años ha sido su responsabilidad dar seguimiento a estos procesos y no lo ha hecho”, afirmó Pérez Espino.
Almeida Navarro, director de Grupo Almeida, consorcio con participación en al menos 33 empresas, fue favorecido en 2014 por el gobierno de Duarte con 126 millones de pesos para supuestos servicios jurídicos relacionados con el puente internacional Guadalupe-Tornillo, cuya comprobación nunca se acreditó.
Más adelante, durante el gobierno de Javier Corral, se documentaron nuevas omisiones fiscales que derivaron en auditorías conjuntas entre la federación y el estado, en el marco de la llamada Operación Justicia para Chihuahua.
En 2019, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron una denuncia penal por defraudación fiscal agravada, al detectar ingresos no declarados por 477 millones de pesos y movimientos bancarios en instituciones de Texas, principalmente en El Paso.
Aunque Almeida promovió múltiples recursos legales, la Sala Superior del TFJA desechó su último intento en abril de 2024, y el pasado 23 de junio el tribunal colegiado confirmó la negativa de amparo. El empresario deberá pagar la totalidad del adeudo, que será cobrado por Hacienda estatal, aunque se trata de recursos federales.
“Ya no tiene vuelta de hoja ese asunto. Tiene que pagar ese dinero. Y ahora la autoridad federal deberá estar muy atenta para que el gobierno del estado sí le cobre y no deje tirado ese dinero”, subrayó el periodista.
Podría reactivarse investigación contra César Duarte
El fallo administrativo podría tener también consecuencias penales. Según Pérez Espino, un juez de distrito había suspendido temporalmente el juicio penal contra Almeida y, potencialmente, contra César Duarte, a la espera de que se resolviera el proceso fiscal. Ahora que el crédito ha sido ratificado, ese juicio podría reactivarse.
“Significa que, una vez notificadas las partes, el juicio tendrá que reiniciarse contra Eduardo Almeida y en su caso contra César Duarte por defraudación fiscal por casi 478 millones de pesos”, explicó.
Pérez Espino criticó duramente al gobierno de María Eugenia Campos por permitir el debilitamiento de los procesos judiciales contra Duarte y sus operadores. Señaló al magistrado Luis Eduardo Naranjo, a quien la gobernadora promovió en el Congreso local para que continuara en funciones en una sala creada exprofeso, como una pieza clave en la red de protección.
“Ese magistrado le perdonó los créditos fiscales a César Duarte, a diferencia de lo que hizo la Sala Superior federal”, acusó.
Asimismo, denunció que la administración estatal dejó de presentar pruebas, responder oficios y dar seguimiento a expedientes fiscales y penales. De no haber sido por la intervención de la PFF y la FGR, el caso de Almeida también habría sido desechado.
“Es importante que la autoridad federal intervenga, porque en Chihuahua no puede suceder nada en términos de justicia. Esa es la única manera de romper los pactos de impunidad”, concluyó.
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