Como si se tratara de un despido injustificado, los magistrados del Tjebc se aprobaron una millonaria indemnización al concluir su encargo en 2025.
Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc) se autorizaron una indemnización que podría alcanzar varios millones de pesos, pese a que su salida del cargo está programada y no obedece a un despido injustificado. El caso ha generado indignación y ya fue señalado tanto por el Congreso local como por el Ejecutivo estatal.
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El diputado morenista Juan Manuel Molina denunció que el magistrado presidente saliente, Jaime Vargas Flores, podría recibir hasta 4.5 millones de pesos al concluir su encargo en octubre de 2025. El legislador calificó como inconstitucional la decisión, ya que esta compensación no fue incluida en el Presupuesto 2025 aprobado por el Congreso.
De acuerdo con la denuncia, la autoindemnización fue avalada por el pleno del Tribunal de la entidad en diciembre de 2024, pero su publicación oficial se retrasó hasta el 6 de junio de 2025, justo después del proceso electoral.
Jaime Vargas, quien fue nombrado magistrado en 2018 por el Senado, percibe actualmente un sueldo de más de 196 mil pesos mensuales; en tanto. el resto de los magistrados en cuestión gana alrededor de 181 mil pesos.
Algo a tomar en cuenta es que el artículo 34 de las Condiciones Generales de Trabajo del Tribunal estipula que al concluir el cargo, los magistrados tendrán derecho a tres meses de sueldo, una indemnización de doce meses adicionales y 20 días por cada año de servicio.
Sin embargo, pese a todo esto, el acuerdo fue firmado por Jaime Vargas Flores; la magistrada Carola Andrade Ramos; el magistrado en funciones, Germán Cano Baltazar; y la secretaria general, Karla Cuevas Escalante.
Gobierno de BC busca revertir indemnización millonaria
Ante la controversia, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su gabinete legal anunciaron que buscarán frenar el pago de esta indemnización. En su conferencia semanal, la mandataria expresó que respetarán la autonomía del tribunal, pero enfatizó que el gobierno se enteró del acuerdo hasta su publicación oficial.
El secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, afirmó que ya hay una mesa de trabajo con los magistrados para revisar el tema. Reconoció que el pago se basa en una interpretación de derechos laborales como si se tratara de un despido, lo que podría ser cuestionable dado que la salida de los magistrados es por término natural de funciones.
Finalmente, el gobierno estatal insistió en que se buscará una salida conforme a la política de austeridad y dentro del marco legal; mientras el consejero jurídico Juan José Pon Méndez añadió que los magistrados están adoptando el estatus de trabajadores, lo que justificaría la indemnización, aunque reiteró que esto no necesariamente se ajusta a la naturaleza de su encargo público.
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Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
