La CIDH dio a conocer su inquietud por los resultados en el futuro de la implementación de la reforma judicial y de transparencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los cambios estructurales emprendidos en México, particularmente en materia de justicia y transparencia.
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En su informe anual 2024, el organismo internacional señaló que dará seguimiento al impacto que las reformas constitucionales puedan tener en el funcionamiento institucional y la protección de derechos fundamentales en el país.
Andrea Pochak, primera vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, indicó en entrevista que el organismo está observando con atención las reformas judiciales que permitirán la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, así como la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“La reforma judicial en México es una medida de alto impacto institucional que no consideró de forma central la eficiencia en la impartición de justicia. Nos preocupa también que no se haya incluido al Ministerio Público y a la Fiscalía en este rediseño”, explicó Pochak, al tiempo que subrayó que la CIDH ha insistido en la necesidad de reducir la impunidad en el país.
CIDH expresa preocupación por reforma al poder judicial
Aunque reconoció que los Estados son soberanos para definir sus modelos institucionales, la relatora advirtió que la selección de autoridades judiciales por elección popular podría afectar principios como la inamovilidad y la independencia judicial. También mencionó que el propio Estado mexicano había presentado durante años al INAI como un modelo internacional en materia de transparencia.
Desde 2023, la CIDH ha recibido observaciones de expertos y organizaciones sobre los posibles efectos de las reformas. La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados también expresó su inquietud por los riesgos de que consideraciones políticas influyan en la selección de jueces y magistrados, así como por el impacto en la autonomía del Poder Judicial.
Durante una audiencia pública reciente, representantes del Estado mexicano reconocieron ante la CIDH que no se elaboró un diagnóstico previo que justificara el rediseño del modelo judicial mediante el voto popular. Este aspecto fue incluido como observación en el informe anual 2024.
México había mostrado el INAI como un modelo exitoso: Andrea Pochak
En cuanto a la desaparición del INAI, Pochak señaló que el organismo dará seguimiento a la política que se aplique en 2025. Destacó la incongruencia de que, durante años, México promoviera ese instituto como ejemplo de buenas prácticas ante instancias internacionales, y que ahora se elimine sin claridad sobre el modelo que lo sustituirá.
El informe de la CIDH también retoma la situación de violencia contra periodistas en México, que, de acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, continúa siendo una preocupación central. En 2023, al menos ocho periodistas fueron asesinados, además de reportarse secuestros, desapariciones forzadas y agresiones.
“Este tipo de hechos se producen en un contexto de estigmatización hacia la prensa y una elevada impunidad, lo que genera miedo, autocensura y desprotección”, advirtió el organismo.
Aunque se han registrado avances en el fortalecimiento del mecanismo de protección para periodistas, la CIDH reiteró la necesidad de mejorar su eficacia y alcance.
Andrea Pochak hizo énfasis en la importancia del discurso público responsable, y diferenció entre la crítica legítima y los discursos que estigmatizan u hostigan a la prensa. Además, se señaló la filtración de datos personales de periodistas acreditados ante la Presidencia como un hecho grave que, hasta el momento, no ha sido esclarecido por la Fiscalía General de la República.
Finalmente, la relatora reconoció que se trata de una situación estructural que trasciende gobiernos y administraciones, y que la violencia y la impunidad siguen siendo desafíos persistentes que deben ser atendidos con políticas públicas integrales y con apego a los derechos humanos.
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