El tribunal colegiado alegó que la primera sentencia de la Estafa Maestra violó la imparcialidad y el derecho a la defensa.
El caso de la Estafa Maestra, una de las tramas de corrupción más relevantes de la última década en México, recibió un revés este martes. Y es que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México revocó la que hasta ahora era la única sentencia condenatoria firme relacionada con el caso: la impuesta a Martha Lidia Montoya Santos, exdirectora de Recursos Financieros de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
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Montoya había sido condenada en 2023 a seis meses de prisión y al pago de una multa de poco más de 2 mil pesos, por un presunto pago irregular de 7.8 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Sin embargo, el tribunal federal determinó que el fallo inicial violó principios del sistema penal acusatorio, como la imparcialidad y el derecho a la defensa.
¿Por qué revocaron la primera sentencia sobre la Estafa Maestra?
Con esta resolución, Montoya Santos ha sido absuelta de dos de los tres procesos penales que enfrentaba. El fallo llega en un momento de desarticulación creciente del caso Estafa Maestra, en el que las sanciones judiciales han sido mínimas, y los principales funcionarios involucrados no han sido sentenciados.
La sentencia de primera instancia contra Montoya Santos fue anulada debido a una modificación indebida de los hechos imputados por la Fiscalía General de la República (FGR). Según el tribunal, la FGR la acusó de haber realizado directamente un pago ilegal, mientras que el juez la condenó por autorizar dicho pago, lo que representa una distinción legal sustancial.
“El ‘pagar’ y el ‘autorizar el pago’ son hechos distintos y con implicaciones legales diferentes”, precisaron los magistrados. Añadieron que el juez alteró la base fáctica del proceso, violando el principio acusatorio y el derecho de defensa de la acusada.
El pago en cuestión corresponde a la factura 3624, serie A, por 7 millones 850 mil 140 pesos, girada el 5 de junio de 2015 como parte de un convenio entre Sedesol y la UNACH para supuestamente formar comités comunitarios dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. La FGR argumentó que el pago fue irregular porque el servicio no se prestó y no existía solicitud formal previa del área requirente.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) intentó impugnar la absolución de segunda instancia mediante un amparo, pero el tribunal desechó la solicitud, dando carpetazo definitivo al asunto.
¿De qué se le acusa a Martha Lidia Montoya?
Montoya Santos fue una funcionaria clave en la administración de Rosario Robles al frente de la Sedesol y más tarde en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). En total, enfrentaba tres procesos penales por su presunta participación en la Estafa Maestra.
Además del caso de la UNACH, ya fue absuelta en otro proceso relacionado con el pago de 400 millones de pesos a la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), destinados a la supervisión de comedores comunitarios. En ese contrato, la universidad subcontrató a Productos Serel, una empresa ligada a Grupo Kosmos, en un porcentaje superior al permitido por la Ley de Adquisiciones.
Actualmente, Montoya enfrenta un solo juicio pendiente, por un contrato de 20 millones de pesos entre Sedatu y la Universidad Politécnica de Quintana Roo, también relacionado con presuntas irregularidades en la contratación pública.
La resolución judicial a su favor se suma a una serie de decisiones que han reducido el alcance judicial del caso. Aunque Rosario Robles pasó más de tres años en prisión preventiva, ningún alto funcionario ha sido sentenciado, y múltiples investigaciones han sido archivadas o debilitadas por tecnicismos procesales.
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