El gobierno de Julio Menchaca no solo dio contratos a servidores públicos activos, sino también a otros personajes ligados al PRI.
El gobierno de Omar Fayad fue sinónimo de escándalos por la asignación de contratos y presunto desvío de recursos. Los casos más sonados fueron los de red Autica, el conflicto de intereses del entonces auditor superior del estado y la estafa siniestra.
La llegada de Julio Menchaca a la gubernatura significó inicialmente la inhabilitación de proveedores, así como investigaciones a funcionarios ligados a temas de corrupción.
Sin embargo, el mandatario encontró en el alquiler de inmuebles una excepción a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de Hidalgo. Esto, debido a que el artículo 5 de esta ley establece como ámbito de aplicación los contratos de servicios de cualquier naturaleza, siempre y cuando el procedimiento no se encuentre regulado en forma específica por otras disposiciones legales.
Dicho de otra forma, el gobierno de Julio Menchaca firmó contratos con funcionarios públicos activos y exfuncionarios porque el arrendamiento de bienes inmuebles está previsto en el Código Civil del estado y para ello no se requiere licitar.
Julio Menchaca entrega contratos a funcionarios públicos activos
Uno de los casos detectados es el del inmueble arrendado para las oficinas de la Coordinación de regulación Sanitaria de los Servicios de Salud de Hidalgo con un costo mensual de 100 mil 957.20 pesos, es decir, 1 millón 211 mil 486.40 pesos al año.
De acuerdo con información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el arrendador es Juan José Lara Ramírez, director general de organización y rediseño institucional de la Oficialía Mayor del gobierno hidalguense, cuyo cargo ostenta desde junio de 2023 con una remuneración mensual mayor a 40 mil pesos.
Los contratos de arrendamiento para los ejercicios 2023 y 2024 fueron suscritos por Óscar Zamora Montero, en representación de los Servicios de Salud de Hidalgo como arrendatario.
Cabe señalar que en la PNT solo están publicados los contratos SSH/SGAFyP/CF/11/20231 y SSH/SGAFyP/CF/89/20242, mismos que abarcan del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024, respectivamente.
Esto refleja la opacidad de la información generada en septiembre de 2022, año en el que inició la gestión de Menchaca Salazar, así como de enero a septiembre de 2024 y lo que va de 2025.
Otro caso es el de Enrique Rodríguez Alamilla, adscrito a la Dirección General de Recursos Financieros del Instituto Hidalguense de Educación bajo el esquema de contratación por honorarios.
En 2024, este funcionario fue favorecido con los contratos de arrendamiento 30.02.243 y 30.09.244 para instalar la oficina y estacionamiento de la Subprocuraduría Poniente de la Agencia de Investigación criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo por un monto total de 463 mil 998.56 pesos. Sin embargo, en su declaración patrimonial 2025 no reportó estos datos.
¿Qué otros funcionarios han sido favorecidos?
Lucía Carrillo Olivares, adscrita al Instituto Hidalguense de Educación con fecha de ingreso registrada el 16 de agosto de 2021, según su declaración patrimonial, obtuvo un contrato de arrendamiento por todo 2024 para instalar la oficina de la Subprocuraduría Oriente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo por un monto de 140 mil 314 pesos5.
Asimismo, la PNT muestra el contrato de arrendamiento 2024 para instalar la oficina del Servicio de Administración Tributaria en Huejutla de Reyes por un monto total de 139 mil 200 pesos6.
En dicho acto intervino, en calidad de arrendatario, Edgar Orlando Ángeles Pérez, oficial mayor del estado, mientras que como arrendadora participó Yanira Sánchez Ruiz, esposa de Joel Hernández Mendoza, exrector de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH).
Según datos de la plataforma referida y DeclaraNet Hidalgo, Sánchez Ruiz ostenta el cargo de docente frente a grupo desde octubre de 2002. No obstante, medios locales revelaron en 2023 los señalamientos en su contra por no presentarse a trabajar durante años sin ser destituida, a pesar de percibir un salario mensual superior a los 20 mil pesos.
La situación de Yanira Sánchez provocó protestas y el enojo de los padres de familia de los alumnos afectados, ya que únicamente fue reubicada.
Menchaca también dio contratos a exfuncionarios priistas
La asignación de contratos de arrendamiento no solo benefició a servidores públicos en funciones, sino también a personajes ligados a administraciones anteriores, como es el caso de Corporativo Musa S.A. de C.V., sociedad constituida por Gerardo Saade Kuri y Diana Gabriela Murillo Ortega, yerno e hija de Jesús Murillo Karam.
El inmueble arrendado a esta empresa corresponde a las oficinas de la Dirección General del Registro del Estado Familiar de la Secretaría de Gobierno. Del 1 de abril al 31 de diciembre de 2023 se pagó un monto total de 1 millón 80 mil pesos7, ya que la renta mensual ascendía a 120 mil pesos.
Respecto al ejercicio 2024, la contratación8 abarcó del 1 de mayo al 31 de diciembre, periodo por el que se pagarían 960 mil pesos. No obstante, en la PNT se reportó un monto total ejercido de 1 millón 113 mil 600 pesos.
En el mismo tenor, el estado suscribió un contrato con Claudia Fabiola Iglesias Olmos, apoderada de Paula Angélica Hernández Olmos, quien fue secretaria de Obras Públicas en la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong como gobernador.
El inmueble, ubicado en la Zona Plateada y destinado a oficinas de la Secretaría de Turismo, tuvo un costo mensual de 198 mil 275.86 pesos, sin incluir impuestos. Esto representó un pago total de 2 millones 759 mil 999.97 pesos durante 2024, según lo reportado en la PNT9.
Recientemente, Paula Angélica fue señalada a través de su empresa Asyar S.A. de C.V. como responsable de la falta de luz en los fraccionamientos Pradera de Virreyes y Lomas de Nopalapa en Mineral de la Reforma. Esta situación se originó porque la constructora no completó el proceso de donación de las áreas de uso común a favor del municipio y omitió pagar el servicio de alumbrado público tal como lo establece el artículo 97 del Reglamento de Construcción.
Los contratos a integrante de red Autica
En 202310 y 202411, la Oficialía Mayor del gobierno de Julio Menchaca celebró contratos de subarrendamiento con Migail Ponce Rubio para instalar la bodega de la Secretaría de la Contraloría. El costo mensual fue de 18 mil 868 pesos, sin incluir impuestos, lo que equivale a aproximadamente 262 mil 642.56 pesos por año.
El nombre de Migail Ponce es conocido por formar parte de la red Autica, un conjunto de empresas que simulaban competir entre sí con el propósito de obtener contratos durante el gobierno de Omar Fayad Meneses, y que pertenecían o estaban estrechamente relacionadas con Javier Arturo Aguilera Peña.
Así, en los contratos de subarrendamiento mencionados se advierte el uso de dicha figura jurídica para beneficiar a Javier Arturo Aguilera Peña, quien es propietario del inmueble arrendado y fue inhabilitado en 2023 como proveedor por la propia Contraloría del Estado, debido a operaciones irregulares realizadas a través de las empresas Producciones Autica S.A. de C.V. y Creaciones, Espectáculos y Producciones de México S.A. de C.V.
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