Una jueza consideró que los testimonios de sobrevivientes eran suficientes para vincular a proceso al alcalde de Teuchitlán.
José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada agravada por su calidad de servidor público. La decisión judicial se sustentó principalmente en los testimonios de sobrevivientes del rancho Izaguirre, donde, según la Fiscalía General de la República (FGR), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operaba un centro de reclutamiento forzado, entrenamiento y exterminio.
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El alcalde, integrante del partido Movimiento Ciudadano, fue detenido el pasado 3 de mayo cerca de su domicilio y trasladado al Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco, donde se realizaron dos audiencias, el 3 y el 9 de mayo.
La jueza Juana Beatriz Aguilar Jiménez concluyó que los elementos presentados por la FGR eran suficientes para vincularlo a proceso y ordenó prisión preventiva por un periodo inicial de dos años.
Relatos de sobrevivientes hunden al alcalde de Teuchitlán
La FGR basó su acusación en cuatro testimonios de identidad reservada, identificados como Azul, Verde, Rojo y Australia, tres de ellos víctimas directas del confinamiento en el rancho Izaguirre.
Estas declaraciones lo señalan como colaborador del CJNG, encargado de facilitar recursos materiales y humanos, además de garantizar seguridad a los operativos de reclutamiento de personas desaparecidas y obligadas a integrarse al grupo criminal.
“Usted colaboró con ellos, decidió pertenecer […] las víctimas lo vieron en el lugar. Lo sabían, y no hizo nada”, se expuso durante la imputación.
El 5 de marzo, el colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco localizó el rancho Izaguirre tras recibir una denuncia anónima. En el terreno de casi una hectárea, encontraron restos óseos calcinados, cartuchos de alto calibre, áreas de entrenamiento, prendas personales y un altar a la Santa Muerte.
Las pruebas halladas apuntan a que el sitio funcionó como centro de tortura, adoctrinamiento y asesinato.
El rancho fue identificado como parte de una red criminal operada por Gonzalo Mendoza Gaitán, alias el Sapo o el 90, quien habría delegado a José Gregorio Lastra Hermida, el Lastra, otro detenido en este caso, la tarea de reclutar jóvenes con falsas promesas laborales.
De acuerdo con los testimonios, muchas víctimas fueron interceptadas en terminales de autobuses de Zapopan y Tlaquepaque.
La defensa de Murguía Santiago argumentó que la acusación se basaba únicamente en cuatro testimonios obtenidos “sin controles judiciales” y sin pruebas físicas contundentes.
Presentaron a su exsecretaria particular como testigo, quien afirmó que el alcalde siempre estuvo acompañado durante las fechas clave señaladas en la acusación y negó cualquier vínculo con el crimen organizado. Incluso recordó que Murguía se conmovía al ver animales atropellados, como argumento para rechazar la posibilidad de que cometiera actos violentos.
Policías de otros municipios, involucrados con el rancho Izaguirre
También se sumaron testimonios de policías municipales y un bombero, todos ellos negando conocimiento sobre las actividades del CJNG en la región.
No obstante, la jueza dio mayor peso probatorio a la narrativa de la FGR. Señaló que los testimonios permitían reconstruir la operación sistemática de reclutamiento forzado en los ranchos Izaguirre y La Vega. Subrayó que también habría participación de elementos de seguridad pública de otros municipios como Tala y Etzatlán.
Uno de los testigos relató que fue entregado al CJNG por policías de Tala tras ser detenido bajo el pretexto de una revisión de rutina. En audiencias anteriores, se expuso que maquinaria del ayuntamiento de Teuchitlán habría sido utilizada para abrir fosas dentro del rancho.
El sistema de reclutamiento descrito recuerda a los campamentos descubiertos en Tala en 2017, donde jóvenes desaparecidos eran obligados a cometer actos atroces como entrenamiento. En Teuchitlán, las víctimas fueron llevadas al rancho, maltratadas, obligadas a entrenar con pistolas de gotcha y, en muchos casos, a quemar los cuerpos de quienes eran ejecutados.
“El rancho Izaguirre no solo entrenaba personas; funcionó como centro de exterminio. Durante todo el mandato del alcalde, el lugar operó impunemente. ¿Dónde están esas víctimas? ¿Dónde quedó el derecho a la verdad y a la justicia?”, cuestionó una funcionaria federal.
La FGR aún debe realizar al menos 150 entrevistas. El juez estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras tanto, Murguía Santiago permanecerá en prisión preventiva, imputado por colaborar con una de las organizaciones criminales más violentas del país.
Este caso ha generado conmoción en la región Valles de Jalisco y se ha convertido en un ejemplo más de cómo las estructuras de gobierno local pueden ser infiltradas por redes delictivas, contribuyendo al ciclo de violencia y desaparición que persiste en México.
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