El juez amparó a la inmobiliaria DYF pese a que generó un daño patrimonial superior a los 3 mil millones de pesos en Michoacán.
El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Germán Cruz Silva, concedió una suspensión provisional al bloqueo de las cuentas bancarias de la empresa Inmobiliaria DYF, señalada como presunta cómplice en un fraude por 3 mil millones de pesos cometido durante la administración del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.
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Según información del diario Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había congelado las cuentas de la empresa; sin embargo, la decisión judicial dejó sin efecto dicha medida de forma temporal.
Juez concede suspensión a inmobiliaria contratada por Aureoles
El caso ha generado atención, dado que en 2023 DYF habría acordado con el Gobierno de Michoacán la reparación de un daño por 970 millones de pesos a cambio de inmunidad, acuerdo que hasta el 9 de marzo no se había concretado por completo, según reveló el mismo medio.
La acción legal fue promovida el pasado 25 de marzo por Joaquín Martínez del Campo, uno de los propietarios de la inmobiliaria, quien tramitó un amparo contra la inclusión de DYF en la lista de personas bloqueadas por la UIF.
La resolución definitiva sobre este caso se espera para el próximo 10 de abril. De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los bloqueos de cuentas por parte de la UIF solo son procedentes si derivan de una solicitud de colaboración internacional, lo que podría inclinar al juez a confirmar la suspensión definitiva.
¿Por qué Silvano Aureoles tiene ficha roja de la Interpol?
Silvano Aureoles está acusado de encabezar un esquema de desvío de recursos públicos que generó un daño patrimonial superior a los 3 mil millones de pesos, motivo por el cual la Interpol emitió una ficha roja para su localización y captura.
La investigación federal detalla que entre 2015 y 2021 se otorgaron contratos millonarios a la empresa Inmobiliaria DYF para la renta y posterior compra de cuarteles de policía con sobreprecios, sin licitación y con modificaciones contractuales irregulares. El daño estimado solo por estas operaciones asciende a más de 3 mil 400 millones de pesos.
El esquema habría contado con la participación de exfuncionarios de la administración estatal, entre ellos Carlos Maldonado y Antonio Bernal Bustamante, ya detenidos y vinculados a proceso. Mientras tanto, Silvano Aureoles permanece prófugo desde su último viaje internacional en agosto de 2024 a São Paulo, Brasil.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que también se busca a otros exsecretarios de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes y Juan Bernardo Corona.
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