Los jueces retrasaron casi 8 años un procedimiento contra el Z40 y el Z42 que podía resolverse hasta en un máximo de 45 días hábiles.
El gobierno federal estaría investigando la actuación de 16 jueces por obstaculizar la acción de la justicia en contra de dos líderes de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40 y Omar Treviño Morales, alias Z-42.
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Los hermanos Treviño Morales invirtieron mucho tiempo y recursos para manipular la ley a su favor a través de jueces que les ayudaron a retrasar los pedidos de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos.
Según las autoridades estadounidenses, desde 2012 Miguel Ángel y Omar Treviño Morales tomaron el control de Los Zetas, rebautizando la organización como Cártel del Noreste (CDN). En el expediente judicial se señala que ambos utilizaron tácticas de extrema violencia para expandir su dominio territorial y asegurar las rutas del narcotráfico.
El Z-40 fue detenido en 2013 y el Z-42 en 2015; desde entonces los intentos de Estados Unidos por llevarlos a su territorio fueron infructuosos.
Jueces, en la mira por retardar extradición del Z40 y Z42
Según registros judiciales, en más de 7 años los 16 jueces federales se dedicaron a diferir las audiencias de las juntas de peritos que formaban parte de los procesos que llevaban en México los líderes de los Zetas.
Milenio destacó en particular que la audiencia para desahogar los dictámenes de fisonomía de los detenidos se retrasó hasta en nueve ocasiones.
El fiscal Alejandro Gertz Manero denunció las tácticas con las que la defensa pretendió retrasar el proceso.
“En los casos del Z-40 y Z-42 son ocho y 11 años los que han echado para atrás las audiencias y el argumento que han usado es señalar que no son ellos, cuando existen datos y fotografías que corroboran las identidades”.
En fechas recientes, el abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, Juan Manuel Delgado, ha aseverado que su cliente no es el líder de los Zetas, sino que se trata de un homónimo.
Jueces tardaron ocho años en concluir instrucción de extradición
Desde 2023, la Segob, Defensa, Marina, Relaciones Exteriores y SSPC presentaron una queja administrativa en contra de los jueces del PJF que, en más de ocho años, no concluyeron la etapa de instrucción del procedimiento de extradición de los hermanos Treviño Morales, el cual debió haber durado algunos meses.
De acuerdo con datos de Milenio, el 15 de enero de 2024 el Consejo de la Judicatura Federal determinó la presunta responsabilidad administrativa de los jueces y el proceso aún continúa pendiente de resolución.
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