El juez que amparó a El Compa Playa evidenció cómo los juicios contra criminales han sido favorecidos por el Poder Judicial.
El pasado viernes, el Gobierno de México entregó a Estados Unidos a 29 narcotraficantes, incluidos dos de los criminales más peligrosos que operaban en Veracruz y Oaxaca. Entre los extraditados se encuentra Itiel Palacios García, también conocido como Compa Playa, un alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo papel en la violencia en la región ha sido ampliamente documentado.
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A pesar de haber sido detenido en varias ocasiones, Compa Playa había logrado evadir la justicia mexicana. Su extradición representa un avance en la lucha contra el crimen organizado, y las autoridades estadounidenses esperan que enfrente cargos relacionados con el narcotráfico y otras actividades delictivas.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse directamente sobre la entrega masiva de narcotraficantes. Sin embargo, en sus declaraciones públicas sí criticó el actuar del Poder Judicial, y señaló que ha permitido la liberación de criminales en diversas ocasiones.
Juez intentó frenar traslado de El Compa Playa a EU con amparo
Tras la detención del capo se ha dado a conocer que su proceso judicial del capo presenta irregularidades. De acuerdo con documentos obtenidos por el periodista Arturo Ángel, Compa Playa había conseguido un amparo tan solo un día antes de ser enviado a territorio estadounidense junto con Rafael Caro Quintero y otros 27 capos.
En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que esta situación ha evidenciado cómo, en repetidas ocasiones, los procesos judiciales contra integrantes del crimen organizado se han visto detenidos o favorecidos por jueces.
¿Por qué las autoridades mexicanas entregaron a 29 capos a EU?
La entrega de los 29 capos a Estados Unidos no se realizó bajo el esquema tradicional de extradición. Según explicaron las autoridades mexicanas, el proceso se llevó a cabo en función del artículo 5° de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución.
“El gabinete de Seguridad cuenta con información de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos podrían haber sido liberados o sus procesos de extradición seguirían siendo retrasados debido a acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos”, explicó García Harfuch.
Además, puntualizó que Estados Unidos había solicitado la entrega de algunos de estos capos durante los últimos 40 años.
Por su parte, el fiscal general Alejandro Gertz Manero respaldó la legalidad del procedimiento, pues afirmó que los narcotraficantes fueron enviados a Estados Unidos debido a su peligrosidad y a la amenaza que representaban para la seguridad nacional. Según la Ley de Seguridad Nacional, este tipo de criminales son considerados una amenaza directa a la estabilidad del país.
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