¿Fakeminismo financiado vs AMLO?

La paradoja del movimiento feminista que toma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y marcha para exigir la despenalización del aborto, lo hace en una ciudad que está gobernada por una mujer y donde hace 13 años este derecho existe. No solamente eso, sino que durante su marcha por esa exigencia, atacaron e hirieron a 11 policías, todas ellas mujeres. Algo en todo esto no checa.

Qué raro que no vayan a marchar o a golpear policías en las capitales de los Estados donde el aborto es aún un delito de carácter penal, como Guanajuato por ejemplo.

Más raro aún resulta la información que reveló la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum esta semana, en la que señala a una funcionaria de la empresa GINGroup, que tiene fuertes ligas con el PRI y que ha sido denunciada por el SAT de la Secretaría de Hacienda como una de las empresas factureras que ha hecho un jugoso negocio a partir de la defraudación fiscal.

En esta compañía defraudadora no solamente María Beatriz Gasca Acevedo, mano derecha del dueño, es funcionaria; también trabajan ahí en niveles de dirección Javier Treviño Cantú, exdiputado del PRI y ex oficial mayor de Hacienda en el sexenio de Peña Nieto, así como Rolando Zubirán Robert, exfuncionario de alto nivel en la Secretaría de Economía del sexenio pasado.

Sucede que María Beatriz Gasca, vicepresidente de recursos humanos de la GINGroup, fue captada repartiendo comida desde un auto de lujo al grupo de feministas que se encontraban tomando las oficinas de la Comisión de los Derechos Humanos, y fue oradora en el evento realizado el 14 de septiembre con ese grupo, existen fotografías en las redes de esta mujer participando encapuchada en las marchas violentas.

Así es que ahora muy probablemente ya sepamos quienes financian a este tipo de grupos  agresivos que se han dedicado a tomar la caseta de Tlalpan en la ciudad de México, a vandalizar las instalaciones de Derechos Humanos y el Palacio Nacional, y a golpear mujeres policías.

Como si esto fuera poco, este grupo delincuencial, cuyo interés no tiene nada que ver con el feminismo o con las demandas justas en este sentido, también se han dedicado a cobrarle hasta 3,000 pesos a los familiares de víctimas de feminicidios, engañándolas para gestionar sus casos ante la Secretaría de Gobernación, a sabiendas de que este servicio es completamente gratis.

Por este motivo, la Secretaria de Gobernación informó que la atención de las demandas de familiares de todos los casos de feminicidios se atienden directamente, sin intermediarios y sin necesidad de que para recibir la atención deban pagar ni un peso.

Se está haciendo cada vez más necesario que las autoridades competentes, como la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Fiscalía, tomen cartas en el asunto para detener de una vez por todas, los atropellos de grupos financiados por otros delincuentes, para llevar a cabo actos vandálicos que nada tienen que ver con demandas legítimas de las mujeres en todo el país, y que al final de cuentas desprestigian los movimientos e iniciativas auténticas.

Que a todos y a todas les quede claro, que en la Ciudad de México, la despenalización del aborto se aprobó y es vigente desde hace 13 años; si lo que quieren es exigir que esta iniciativa se apruebe en toda la República, su demanda se está haciendo en la ventanilla equivocada y a través de métodos que lo único que no va a conseguir para ellas es más simpatizantes.

Como dijo el Papa Juan Pablo II: “La violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas”.