De la consulta de revocación de mandato y otras hierbas

De acuerdo con la Ley Federal de Revocación del Mandato, éste es un de proceso de participación ciudadana por el que se convoca a exigir la conclusión anticipada del titular del ejecutivo federal, o sea, el Presidente, porque ha dejado de tener la confianza de la ciudadanía. Esta solicitud debe hacerse, según la propia ley, en los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo presidencial, o sea, tres meses después del diciembre de 2021 es marzo de 2022 y son los ciudadanos los que deben solicitar el inicio de este proceso por medio de un mecanismo que tiene varias etapas, siendo la primera, la solicitud de intención que se presentó ante el INE, tal como fue, en una ventana del 1 al 15 de octubre, y en la que 23,906 ciudadanos u organizaciones ciudadanas, buscaron ser “promoventes” de la solicitud de revocación de mandato.

Sin embargo, y a pesar de que muchos en la oposición se emocionen porque creen que esos solicitantes tienen la firme intención de quitar al presidente de su puesto, habría que ver dos aspectos: uno, que no todos serán aprobados por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto y dos, no todos están por la revocación, sino que buscan apoyar la continuidad en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y aún más, un detallito de esos minúsculos que casi no se ven: los medios de tradición golpeadora están asegurando que estas solicitudes fueron presentadas para exigir la revocación del mandato y esto no es así. Los solicitantes están queriendo que se les acredite como personas que, del 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, puedan recopilar los 2.8 millones de firmas para que la solicitud de dicha consulta se lleve a cabo. Es decir, que apenas se revisará quiénes sí podrán ir a hacer el trabajo de campo de explicar y preguntar si las personas estarían dispuestas a sumarse a la cruzada de marzo, para bien refrendar el periodo presidencial del mandatario más querido y electo por el mayor número de ciudadanos en la historia de México, o bien, se han dejado envenenar por quienes han decidido conservar el título de conservadores ultraderechistas de México.

Ahora, vamos a ver cuáles son las especificaciones para que tal solicitud, en caso de prosperar, tendría que satisfacer:

  • En primer término, de acuerdo con el artículo 35, fracción IX, de la Constitución Mexicana, se debe presentar la intención del 3 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, solicitando que se lleve a cabo dicha consulta de revocación.

En el caso, los casi 24 mil solicitantes que sean aprobados por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, tendrán que recabar, por medios tanto electrónicos como físicos, esos 3.8 millones de firmas en medios físicos y electrónicos, a pesar de que el INE había ya hecho modificaciones especiales para que únicamente se pudiera recabar firmas en la aplicación instalada en los teléfonos celulares de dichos solicitantes. Así que, en estricta observancia de lo señalado por el propio texto constitucional y la ley de Revocación de mandato, el Senado ordenó que se efectuara esta tarea tanto por medios electrónicos como por firmas autógrafas, para asegurar, en todo caso, la democratización al momento del levantamiento de opinión pública en todos los rincones del país y sin limitar a quienes habitan en zonas de alta marginación.

Aquí ocurre que el INE efectuó el cambio de la ley en lo relativo a la recolección de firmas, para efectuarse únicamente por medio de la aplicación, aseverando que de esa manera era más fácil hacer el cómputo de las firmas de apoyo. O sea, que mientras que a la autoridad se le haga más fácil, no importa que no se asegure la democracia, desdeñando, desde ese punto de vista, a quienes no tienen la oportunidad de enterarse con antelación de este ejercicio de participación ciudadana, pero también vulnerando los derechos de protección de datos personales de las personas. ¿por qué? Pues porque el consejero Murayama decidió que se les debe tomar a cada firmante, foto en vivo, sin gafas, sombrero, gorra, cubrebocas, como si se tratara de delincuentes, violando el derecho a la privacidad y, en todo caso, a la secrecía del voto, aun cuando no se trate de una votación propiamente dicha.

  • de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Revocación de Mandato, y a la Constitución, se requiere que el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, emita su voto en la consulta de revocación para que ésta tenga la repercusión y validez y que el 50% +1 de los aproximadamente 37.6 millones que acudan a votar, diga “quiero que se le revoque” o “quiero que siga en la presidencia”, cuando se les pregunte ¿Estás de acuerdo en que a (nombre), presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Ahora bien, es importante revisar que hay otras distintas situaciones que solventar en los planos político, legislativo, judicial y obviamente, social. Y para revisar esto, como decía Jack el descuartizador, vamos por partes:

En materia política, lo más inesperado, es que las interposiciones del pan para que este ejercicio se lleve a cabo, están por resolverse en la Corte, pues, como ya sabemos, los que nada saben de sumar, sino de puro dividir, fueron a inconformarse con este ejercicio de participación ciudadana en protección al futuro, sin que tampoco se hayan enterado de que ellos ya no tienen futuro al que puedan proteger. Y es que se imaginan que, en caso de que alguna vez volvieran a ganar la presidencia, podrían conservar el espacio por los seis años que prevé para el puesto la propia constitución, y evitar, obviamente, que se le consulte a la ciudadanía si quisieran que el titular permaneciera hasta el final o si a los tres años, quisiéramos tirarlo al bote, como debimos haber podido hacer en el tiempo de Calderón, o Fox, o Peña o Zedillo, Salinas, de la Madrid, López Portillo, -et al-.

En lo legislativo, afortunadamente, estamos viendo cómo es que el tener mayoría y un buen manejo político entre las bancadas, hace apelar al patriotismo, sacando la aplanadora y, por mayoría, dando el portazo a las ínfulas legislativas que el INE ha tenido en los últimos años, no se permitió que se pasen la Constitución y las leyes de la materia por el arco del triunfo. Como ya dije, el Senado desechó la idea del INE de que se recopilaran firmas de apoyo mediante la app, y no con el formato físico en papel, porque tal aberración clasista evita la participación democrática que este país exige. Que tenemos que ir ampliando el alcance del internet y las redes, sí, pero no antes de que llegue la verdadera democracia a cada pueblo y ranchería de esta patria.

Socialmente, una gran mayoría de las personas y organizaciones que solicitaron efectuar este levantamiento de firmas para solicitar la consulta de revocación de mandato, desde el día siguiente al de la consulta popular de 1 de agosto, se impusieron la tarea de empezar a trabajar en la información y difusión de este novísimo ejercicio ciudadano, en el que, obviamente, se busca el apoyo al presidente, dando un nuevo respaldo que demuestre que la fortaleza de AMLO está verdaderamente en este pueblo que votó por él y la institucionalización de esta 4ª transformación, pero que no se quedó en esas urnas el respaldo, sino que además, se ha incrementado. Si recordamos que en el pasado 6 de junio fueron las elecciones intermedias y también, que a pesar de muchos factores en contra, como la pandemia, la apatía típica de las elecciones de medio término y las campañas sucias de la oposición, en contubernio directo con las autoridades electorales, se logró la votación intermedia más alta de la historia y por ello, morena gobernará en la mayoría de los Estados, con una Cámara de Diputados también de mayoría, entonces, ante este nuevo intento de vencer al presidente, miles se autoimpusieron la misión de enfocarse a respaldar al presidente, y… henos aquí.

Hay un rubro más que podríamos etiquetar de “económico”, y que tiene a los conservadores muy enojados, supongo, y es que, a pesar de los intentos del instituto de señalar que necesitaban la impresionante cantidad de más de 19mil millones de pesos, para llevar a cabo este ejercicio ciudadano y demás gastos, sabiendo que lo que presentaron como anteproyecto era hasta vulgar y que se fijaría un presupuesto menor, como ocurrió en la realidad; tras la aprobación en lo general y en lo particular del Presupuesto de Egresos 2022, se les otorgará más de trece mil millones de pesos para el ejercicio fiscal del año siguiente, con la realización de elecciones estatales y la consulta. Y pues como era de esperarse, salió el presidente Lorenzo Córdova a decir que el presupuesto era tan raquítico que no les alcanzaría para cubrir las necesidades de recursos materiales o humanos para contar las firmas de papel y que, por ello, modificarían la ley de la materia (en contravención con la Constitución Federal), para que se usara solamente la app de recolección de firmas en formato electrónico. Sin embargo, el Senador César Cravioto, de morena, expresó que, en caso de que fuera necesario, de iniciaría un juicio político en contra de este personaje. Y es que ya son muchas las que le han pasado al instituto por intermedio de sus miembros cupulares.

De hecho, la Senadora Lucy Meza, en el posicionamiento de la bancada, en rueda de prensa, señaló que no se oponen al uso de la aplicación, pero no permitirán que se use preponderantemente ésta sobre los formatos de papel, sino que se haga uso de ambas y, en los municipios donde no haya posibilidad del uso de la app, se prefiera el formato físico; además, pasar de 204 a 790 municipios en la consideración de uso de formatos físicos para evitar la exclusión de la población que habitan zonas de alta marginación. Una puntualización enorme: los consejeros del INE no deben confundir la autonomía con la omnipotencia; tampoco deben excederse en sus facultades, ni invadir esferas de competencia, mucho menos usurpar funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aún más, dijo que el no aceptar la interpretación de los lineamientos de este ejercicio por parte del Senado, pone al INE del lado de esos “representantes” panistas que presentaron la acción de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal del país, aliándolos efectivamente contra el proceso de ratificación de mandato con que los mexicanos queremos respaldar al presidente.

Tanto la Cámara de Senadores, como la de Diputados, están convocando al consejero presidente del INE a que comparezca. El Diputado Fernández Noroña lo invitó a explicar detalladamente el destino de los casi 13 mil millones de pesos que obtuvo para la operatividad del instituto. Por su parte, Cravioto quiere que Córdova comparezca para que explique por qué han violentado la ley y abunda en que se podría valorar que se inicie un juicio político contra ellos, también por la cuestión del dinero.

Ya se ve que no es necesario que estemos en tiempos electorales para que el INE y sus consejeros busquen hacer sus acostumbrados chanchullos en pro de los que pagan sus verdaderos sueldos.